Transparencia

MADRID- El anteproyecto de Buen Gobierno y Transparencia amplía el catálogo de información de obligada publicidad administrativa. Es decir, sin necesidad de solicitud previa, sino que los datos se darán a conocer a través de las webs institucionales. Una exigencia que afecta a contratos (objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento, adjudicatario o posibles prórrogas), subvenciones, convenios o retribuciones de altos cargos.

Otra de las novedades es la ampliación de la capacidad de los ciudadanos para solicitar información a las Administraciones Públicas y que éstas queden obligadas a dar respuesta puntual con el límite de un mes de plazo, frente a los tres que en teoría había hasta ahora.

Los ciudadanos podrán preguntar de más cosas y los poderes públicos deberán responder y con más celeridad. La ley reconoce como información pública la que obre «en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya sido adquirida o elaborada en el ejercicio de sus funciones públicas», siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la investigación y sanción de infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Este derecho a la información se ajustará a los límites establecidos en la Constitución y en otras leyes como la de Procedimiento Administrativo o la de reutilización de la información del sector público.

¿Podrá el ciudadano dirigirse al Gobierno para preguntarle cuánto ha costado el último viaje al exterior de Mariano Rajoy y quiénes le han acompañado? ¿Podrá preguntarle por distintos usos del dinero público? ¿O por gastos protocolarios? Sí, y el Gobierno tendrá la obligación de responderle. El enlace entre uno y otro será un portal de la transparencia similar al que existe en otros países, como Estados Unidos. En él se centralizarán nuevos datos y también información ya pública, pero que hasta ahora estaba dispersa y era de difícil acceso.

¿Quién controlará la transparencia? Pues será una agencia de calidad de los servicios, denominada Agencia de Transparencia, y a cuyos miembros los nombrará el Gobierno, con capacidad de veto del Congreso, pero por mayoría absoluta –que hoy tiene garantizada el PP–. Esta agencia revolverá las reclamaciones de aquellos ciudadanos que entiendan que la Administración no les está respondiendo a sus preguntas.

Frente a las tendencias centrífugas, las nuevas exigencias de transparencia, acceso a la información y buena gestión afectarán a todas las Administraciones: Estado, comunidades y ayuntamientos, pero también a empresas públicas y al Poder Legislativo y Judicial.

Cómo se accederá a la documentación pública
3 La Ley obliga a hacer pública, a través de las páginas web de la Administración, la información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística.
3 El portal de Transparencia se encargará de centralizar la información y, en los términos en los que se establezca reglamentariamente, la que se solicite con más frecuencia.
3 Todas las personas tendrán derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la Constitución, siempre que no afecte a la seguridad nacional, la defensa o las relaciones exteriores.
3 Las administraciones tendrán que publicar los contratos adjudicados, los convenios suscritos entre organismos, las retribuciones de los altos cargos y todas las subvenciones públicas.
3 La Ley obliga a que los presupuestos de las distintas administraciones incluyan una descripción detallada y datos sobre su ejecución, así como las resoluciones de la Oficina del Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre las compatibilidades de altos cargos con actividades privadas.