La Policía sobre los indignados: «Nos escupen y orinan en las botas»

Las reuniones que han mantenido con la delegada del Gobierno en la región, Dolores Carrión –que estrenó cargo prácticamente a la vez que nació el movimiento 15-M– nunca dieron frutos y, si los comerciantes respiraron un poco aliviados hace algo más de un mes, fue porque los «indignados» decicieron en asamblea desmantelar la mayor parte del campamento de Sol, no porque Carrión diera un golpe de mando y ordenara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la región –de la que es máxima responsable– hacer cumplir la ley a los activistas.

Ahora, cuando parecía que los problemas que ocasionaban los «indignados» estaban agonizando, la Marcha Popular del pasado fin de semana ha avivado las brasas de lo que quedaba del 15-M en el kilómetro cero. Eso sí, han cambiado el caluroso asfalto de la plaza por el césped del Paseo del Prado, donde mañana cumplirán una semana de camping gratuito. Algunos tienen intención de quedarse ahí todo el verano, por lo que coincidirán con la visita del Papa y el millón de asistentes que se prevé para la JMJ.

La delegada del Gobierno negó el miércoles que los «indignados» fueran a «interferir» en las Jornadas, pese a la intención de éstos de «boicotear» algunos actos, según fuentes policiales. En este sentido, la patronal de Comercio de Madrid exigió ayer a Carrión la retirada inmediata de los acampados en Sol. «No es admisible el espectáculo que vamos a dar al mundo manteniendo una especie de poblado chabolista en el centro de la ciudad», explicó el presidente de Cocem, Hilario Alfaro, a Ep. Desde la UFP insisten en que es la delegada quien tiene que decir «cuándo, cómo y por qué se carga o se desaloja». Su secretario general, Alfredo Perdiguero, asevera que «los policías estamos hartos, furiosos, crispados y cómo no, indignados. Se nos escupe, nos mean en las botas, se desnudan delante de los uniformados y nos insultan sólo por mirarles».


Niegan la carga de Neptuno
El sindicato policial UFP niega que el pasado miércoles se produjera ninguna «carga» contra los «indignados». «Hubo que ‘recolocar' a unas 30 personas que impedían la entrada al Parlamento», explican. «En venganza a esta redistribución –en la que resultaron contusionados cuatro policías y siete asentados– cortaron el tráfico secuestrando a miles de ciudadanos en sus coches». Insisten en que el derecho a reunión viene regulado en la LO 9/83, en la 1/92 de Seguridad Ciudadana y en el Código Penal.