El PP mete prisa a Industria y REE para agilizar la tasa a las eléctricas

Valladolid- A la expectativa de que Red Eléctrica Española (REE) y el Ministerio de Industria aseguren que gravar la producción y las redes de distribución no repercutirán en el bolsillo de los castellanos y leoneses. En «stand-by». Así se encuentra el proceso para fijar en Castilla y León un tributo, de naturaleza medioambiental, que incidirá en el impacto de los embalses de producción y en las infraestructuras de alta tensión de Castilla y León, y que podría suponer ingresos de hasta 40 millones de euros a las arcas autonómicas.
Diez meses han pasado desde que el 10 de noviembre de 2010 el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunciara que se impondría esta tasa, en respuesta al recurso de las eléctricas contra el decreto de incentivos a la quema del carbón autóctono. En este periodo se ha constituido un colectivo de trabajo conformado por los tres grupos parlamentarios en el Parlamento -que se deberá renovar, al igual que ha ocurrido con el hemiciclo, por la salida de Joaquín Otero (UPL) y Pedro Nieto y Pascual Fernández (PSOE) y la nueva conformación del mixto-.

Cuanto antes
Si bien, los acontecimientos políticos de los próximos meses podrían demorar un acuerdo definitivo, el portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, asegura que «no nos importaría que se produjera este mismo año, porque este asunto está muy avanzado». De hecho, recordó que ya hay estudios técnicos solventes -en los que participaron las consejerías de Hacienda, Economía y Empleo y Fomento y Medio Ambiente- y que se sabe perfectamente cómo se aplicaría. Por ello confió en que el Ministerio aclare si contempla suplementos en la factura de la luz de los castellanos y leoneses, algo que no ha hecho en otras regiones con esta ecotasa -como Galicia-, y toda vez que la Comisión Nacional de la Energía apuntaba en febrero que no debería suponer recargo alguno.
No obstante Fernández Carriedo destacó que no serán partidarios de aplicar impuesto a eléctricas si esto es objeto de debate jurídico para su posterior eliminación, además de si tiene un efecto negativo en la productividad y competitividad de Castilla y León.
Por otra parte, defendió excluir la minería del carbón y las renovables, por motivos sociales y económicos en el primer caso y por su potencial desarrollo y actividad, en el segundo.