El PSOE se apunta a la «revolución Rajoy»

Elena Salgado, Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba fueron algunos miembros socialistas que menospreciaron su propuesta y que ahora se han tenido que subir al carro. No ha sido la primera vez y, probablemente, tampoco la última. Pero lo que es seguro es que no es novedad que el PSOE se apunte a una idea del PP. Hay múltiples ejemplos de ello en los últimos años en un camino que, de momento, finaliza en la reforma constitucional.

Quizá uno de los casos más llamativos fue el importante plan de ajuste llevado a cabo por el Ejecutivo socialista en mayo de 2010. Un paquete de medidas que buscaba reducir el déficit público en más de 10.000 millones para 2011. Nada que objetar, sino fuera porque unos meses antes el PP había realizado la misma propuesta. En concreto, una enmienda popular a los presupuestos generales del 2010 exigía al Ejecutivo de Zapatero un «esfuerzo de austeridad» y un recorte por la misma cifra. La reacción desde las filas populares entonces fue de incredulidad. De forma rotunda se les había negado un recorte que el Consejo de Ministros adoptaba tan sólo unos meses después.

Al igual que la reforma constitucional, también suena reciente la idea de eliminar las diputaciones provinciales. Iba a ser la propuesta «estrella» del candidato socialista a La Moncloa. Sonaba bien. Pero con lo que no contaba Rubalcaba es que fuera del todo menos original y novedosa. Sólo había que remontar un mes en el calendario para ver a Rajoy en Pontevedra, junto a una treintena de presidentes populares de diputaciones, cabildos y consells de España, presentar un manifiesto para «reformar el papel institucional y competencial de las administraciones, pero sobre todo «eliminar las duplicidades y órganos innecesarios». O lo que es lo mismo, el eje principal de la tesis Rubalcaba al respecto.

Y es que si algo ha quedado claro en estos últimos meses es que Rajoy marca casi por completo la agenda económica del Gobierno socialista. Medidas planteadas por el líder del PP son acometidas posteriormente por Zapatero. Propuestas económicas que no son más que las directrices marcadas por la UE para tratar de paliar los duros efectos de la crisis económica. Sólo cuando el BCE y los principales líderes europeos –principalmente Angela Merkel y Nicolás Sarkozy– se han puesto serios con España, el Ejecutivo socialista ha reaccionado. Y no ha tenido más remedio que admitir la evidencia y acometer reformas, aunque éstas provinieran de la oposición.

¿Y qué decir de la Ley de morosidad-ICO para reducir los plazos de pago de empresas y administraciones a proveedores? El Congreso, con los votos en contra del PSOE, rechazó una propuesta conjunta de PP y CiU a este respecto en 2010. La sorpresa en las filas populares fue mayúscula cuando leían en el Boletín Oficial del Estado del 6 de julio, una norma que obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial una línea de crédito dirigida a ayuntamientos con el fin de que pudieran pagar sus deudas con empresas y autónomos.

Situación que se repite en otros muchos casos. El IVA reducido para la compra de vivienda que propuso Rajoy y que ha adoptado recientemente el Gobierno. O la tan manida reforma laboral de 2010, que tuvo múltiples enmiendas por parte del PP, una de las cuales recogía que la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores tuviese una mayor «flexibilidad» que fomentase así la «creación de empleo». Enmienda que fue rechazada junto a las otras setenta y que el Gobierno utilizó poco después, publicando un Decreto-Ley en junio de 2011 para acometer tres medidas urgentes sobre la misma negociación colectiva.

Obligado por la UE, o por simple conciencia, Zapatero ha tenido que claudicar y acometer muchas de las reformas del PP por el bien de España. No sería de extrañar que en lo que queda de legislatura extendiera aún más el plan «anticrisis» de Rajoy.