Acoso a la Policía

Los violentos altercados que desde hace días se vienen sucediendo en Valencia instigados por grupúsculos estudiantiles no son episodios aislados ni pasajeros. Antes, al contrario, forman parte de una estrategia de la izquierda radical que irá en aumento en los próximos meses y se extenderá a diversas ciudades con la excusa de los recortes educativos o laborales. Los informes policiales a los que ha tenido acceso nuestro periódico revelan con claridad que la escalada de violencia y de agresividad contra las Fuerzas de Seguridad ha sido premeditada y diseñada para alterar gravemente la paz social y la normal convivencia ciudadana. La propia alcaldesa valenciana, Rita Barberá, confirmó ayer estos extremos. Conviene, por tanto, que el ministro del Interior comparezca ante el Congreso y que desvele a sus señorías las numerosas pruebas acumuladas por la Policía que demuestran cómo una minoría de extrema izquierda ha utilizado la protesta estudiantil para «quemar Valencia a sangre y fuego», en expresión de uno de los dirigentes violentos. Ha dicho Jorge Fernández que, si se hubiera producido exceso o extralimitación de algún miembro policial, se depurarán las consiguientes responsabilidades. Nada más natural. Pero de ahí a sentenciar que la Policía no es más que una banda de matones, como ayer manifestó la izquierda parlamentaria en uno de sus shows circenses habituales, hay un abismo que ningún demócrata se salta por dignidad. En este punto, el PSOE, con una irresponsabilidad manifiesta a la que el ex ministro del Interior Pérez Rubalcaba debería poner coto, se ha lanzado a jalear a los ultras y a desprestigiar a la Policía. Al incurrir en este despropósito, los dirigentes socialistas desvelan cuál es el tipo de oposición que le reservan a Mariano Rajoy: agitación de la calle, demagogia populista y manipulación de los hechos. El Gobierno debe ser consciente de que esto no es más que el comienzo y que se le avecina una campaña feroz para incendiar las calles en la que participarán los sindicatos, los movimientos estudiantiles, el 15-M, los antisistema y esa miríada de grupúsculos que conforman la izquierda extrema. Nada nuevo o que no sucediera ya durante la última legislatura de Aznar. Frente a ello, sólo cabe aplicar la Ley, que es igual para todos, y defender su aplicación con los instrumentos del Estado de Derecho. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desempeñan una labor insustituible y ejemplar al servicio de las libertades del ciudadano y están sometidos a todo tipo de escrutinios, reglamentos y ordenanzas que aseguran su correcto funcionamiento. Minar su credibilidad, su prestigio o su dignidad con acusaciones infundadas supone un grave deterioro de la convivencia y daña la imagen exterior de España. Ningún político responsable debería ignorarlo.