El PSOE denuncia que la Junta no paga a las residencias concertadas

VALLADOLID- Los socialistas denuncian que la Junta de Castilla y León lleva cuatro meses -sin contar enero-, sin pagar ni un solo un euro a las 140 residencias de ancianos concertadas de la Comunidad, que atienden a 4.367 personas mayores.

Desde el PSOE lamentan que cada día que pasa reciben más quejas de empresarios alertándoles de que la situación en la que viven es insostenible, y consideran que este retraso, que ha elevado la deuda a 24 millones de euros, teniendo en cuenta este número de vacantes y los 45 euros de media que cuesta al día cada plaza, está poniendo en peligro la continuidad de dichos centros y más de 600 puestos de trabajo.

«La Junta no paga y las consecuencias pueden ser terribles», advierte la viceportavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Redondo, tras denunciar también que apenas se realizan inspecciones en estas residencias «porque a la Junta no le interesa y prefiere mirar para otro lado», y destacar el trabajo y el esfuerzo de las empresas por mantener la calidad asistencial en momentos tan difíciles como el actual. Para Redondo, los gestores de estos centros son unos héroes, pero avisa de que no se puede exigir a estas personas que sean héroes todos los días del año, por lo que insta al Gobierno regional a hacer frente a esta deuda cuanto antes. Además, advierte también del miedo que tienen estos empresarios a abrir la boca y denunciar su situación, por temor a no recibir el dinero que tienen comprometido con la Junta, vital para su subsistencia. Por su parte, el procurador socialista Jorge Félix Alonso, va un poco más allá en su denuncia al advertir que esta morosidad del Gobierno regional afecta también a los ayuntamientos, a los que adeudan -dice- 50 millones de euros vinculados a servicios básicos como los que prestan los Centros de Acción Social (CEAS). «La Junta habla de blindar los servicios sociales y presume de que no se endeuda, pero lo que está haciendo es lo contrario: deteriorar el sistema y la calidad asistencial, y hacer que los que se endeuden sean los empresarios». E insiste en que la morosidad de las administraciones públicas es, ahora mismo, la principal causa del cierre de muchos negocios y, por ende, de la pérdida de puestos de trabajo.

Desproporción
Por otra parte, Redondo se queja de la desproporción en la aplicación de la Ley de Morosidad si se trata de un ciudadano de a pie o de una administración pública. Puso como ejemplo que si una persona normal y corriente deja de pagar un mes la letra de la hipoteca de su casa o su negocio, «automáticamente le cae encima todo el peso de la Ley, mientras que a las administraciones públicas no se les aplica la norma con el mismo rasero y no les ocurre nada cuando se demoran en sus pagos». La procuradora anuncia que el PSOE no se estará de brazos cruzados y volverá a la carga con nuevas iniciativas en las Cortes regionales para corregir esta situación.