Clima preelectoral en el Parlament

La diputación permanente del Parlament se reunió ayer para convalidar los decretos ley del Govern sobre las cajas de ahorro y la simplificación del sector público, y, sobre todo este último punto, sirvió para demostrar el clima de enfrentamiento entre partidos que se agudizará hasta las elecciones. Con un ojo puesto en el Palau de la Generalitat por si el president Montilla firmaba el decreto para convocar las elecciones el 24 de octubre, los parlamentarios regresaron al hemiciclo aún sin saber si habrá algún pleno antes de acabar la legislatura.

El conseller de Economía, Antoni Castells, que no repetirá en las listas del PSC, presentó el decreto que modifica la ley de cajas de ahorro de Cataluña para adaptarse a la normativa del Gobierno. Castells aseguró que la normativa, que profesionaliza a los miembros y órganos ejecutivos de las cajas, era «necesaria y urgente». Contó con los votos a favor del tripartito, CiU y PP, mientras que el grupo mixto votó en contra. No obstante, hubo reproches de CiU, ERC e ICV, que no apoyaron la reforma en el Congreso, porque consideran que la reforma estatal invade competencias de la Generalitat. A pesar de todo, Oriol Pujol agradeció a Castells su «valentía» por defender las cajas catalanas.

Pero los piropos dieron paso a las acusaciones cuando llegó el momento de convalidar el decreto de simplificación administrativa. La oposición en bloque votó en contra porque se suprimen el Instituto para la promoción y la formación cooperativas, y las empresas Viatges de muntanya, Equacat y Remodelacions Urbanes, y se reestructuran otros organismos, como el Institut Català de la Salut, pero CiU tildó el decreto de «estafa». Oriol Pujol acusó al tripartito de haber pasado en siete años de emplear a 140.000 personas, a más de 220.000. La diputada del PSC negó esta «intoxicación» de los convergentes y argumentó que si ahora hay más cargos públicos es porque antes de 2003 «había personal escondido bajo la alfombra» y no contaba en las estadísticas oficiales.

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, dijo que el decreto es papel mojado, ya que sólo se limita a «cambiar la fórmula jurídica» y a fusionar empresas y sociedad mercantiles sin reducir gastos.