Argentina: un tribunal acepta como prueba una lista de detenidos hecha por un testigo

Esta inédita decisión judicial fue adoptada por el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán en el proceso oral que desde febrero se sigue por delitos de represión cometidos entre 1976 y 1983 en un centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de la capital provincial.La lista con 293 detenidos, muchos de los cuales desaparecieron, fue entregada por un testigo y sobreviviente de la represión ilegal, Juan Carlos Clemente, quien a partir de su aportación ha ingresado en un programa especial de protección oficial.Además de esta lista, Clemente, un ex militante de la Juventud Peronista, aportó otros documentos como nóminas de cadáveres e informes de inteligencia sobre seguimiento de personas, muchos de los cuales llevan la firma de Roberto Albornoz, comisario del sitio en el que él estuvo detenido y uno de los juzgados en el proceso.El tribunal ordenó realizar pericias sobre estos documentos para tener plena certeza de su capacidad probatoria, pero en principio los ha incorporado a la causa en base a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.La decisión del tribunal sienta un precedente en la jurisprudencia argentina, que tiene un período determinado para la presentación de pruebas que va desde que la causa es elevada a juicio oral hasta el inicio del debate.Y el documento también contradice la versión de varios jerarcas de la dictadura que han negado sistemáticamente la existencia de registros de la represión ilegal desatada durante la llamada "guerra sucia", que dejó 30.000 desaparecidos en Argentina.El principal acusado en esta causa, el general Antonio Bussi, fue separado del juicio por razones de salud, mientras que otro de los imputados, el ex militar Alberto Cattáneo, murió durante el proceso. En el banquillo han quedado los ex militares Luciano Benjamín Menéndez y Albino Zimmerman, y los ex policías Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido.