Aguayo dice que IU apoya los recortes de los que ésta se desliga en un boletín

Sevilla- Hecho. El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al decreto ley de medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio económico-financiero de la Junta que supondrá un ajuste de unos 3.650 millones de euros en el Presupuesto, destinado a cumplir el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.

Aprobó el texto conforme a lo anunciado entre los ecos de las protestas de ex trabajadores de Astilleros y de Santana Motor procedentes de las puertas de San Telmo, y tras un aviso del movimiento «IU por la base», cuyos portavoces pidieron el lunes en el mismo escenario a su líder y vicepresidente andaluz, Diego Valderas, que rechazara los recortes.

Reclamación que cayó en saco roto, a la luz de las palabras de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Preguntada sobre si los consejeros de IU en el Ejecutivo regional habían expresado alguna discrepancia con el plan de ajuste en la reunión del Consejo, subrayó que Andalucía cuenta con un «Gobierno unido» que, «desde el minuto uno», ha tomado decisiones como el polémico decreto ley, «en su conjunto y de manera dialogada».

De hecho, tanto IU como el PSOE se agarran al sentido de la «responsabilidad» del gobernante para justificar la poda que supondrá un recorte de 747 millones de euros en la masa salarial de los 266.000 trabajadores públicos –sólo 30 menos de lo adelantado antes de negociar con los sindicatos–.En un boletín interno de la federación que dirige Valderas que se distribuyó ayer, se llega a plantear que «en IU» tienen «la tentación» de declararse «insumisos», de «entregar las llaves» e irse pero dicen continuar «por responsabilidad», al menos «de momento». Frase que podría interpretarse como una amenaza y que llama la atención, sobre todo, porque varios párrafos antes en el mismo boletín se asevera: «Podemos decir alto y claro que IU no es responsable de este plan de ajuste financiero, de estos ajustes que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado».

¿Comparte o no la federación el ajuste en las cuentas? Fuentes de «IU por la base» ya adelantaron a LA RAZÓN que su «creciente descontento» podría conllevar la petición de dimisión de la actual dirección regional en el futuro.

Aguayo, además de desmentir fisuras en el equipo de coalición de Griñán, dijo entender «perfectamente» a los empleados públicos que se manifiestan contra el ajuste porque «esta reducción que se nos impone es profundamente injusta e insolidaria con Andalucía». Cree lógico que «estén profundamente disgustados por ver afectados algo tan importante como sus salarios –el decreto tendrá efectos en la nómina de julio–». Y añadió: «¿Cómo no lo voy a comprender cuando tenemos –los altos cargos– una afectación igualmente que ellos?».

Luz verde al decreto, «día de luto» para los empleados públicos
El ya oficial plan de ajuste de la Junta provocó ayer el rechazo de los sindicatos CSIF, CC OO, UGT, Safja y Ustea por suponer un «perjuicio» no sólo a los empleados públicos sino «a todos los ciudadanos, por la merma de la calidad de los servicios». Está en sus planes, por tanto, la realización de nuevas movilizaciones, aunque no habrá unidad total de acción entre las centrales. En concreto, CSIF-A teme que la media de la poda al sueldo de los trabajadores «no sea del 5% anunciado por la Junta», sino que esté «más próxima al 10, en torno al 8%». Su presidente, José Luis Heredia, lamentó el «día de luto» que vivieron ayer los empleados públicos a quienes, a su juicio, «se agrede», pese a «no ser los responsables de la crisis, las políticas que se han hecho en Andalucía, la Administración paralela o la duplicidad de funciones fomentada por el Gobierno andaluz». Lo tiene claro: «No puede recaer sobre nosotros el peso de todas las reformas», avisa. Por su parte, miembros de la Administración de Justicia han remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía para que investigue lo que creen una ilegalidad en la aplicación de los recortes de la Junta. ¿Cuál? Que funcionarios e interinos de los cuerpos estatales al servicio de esta Administración tienen un sistema retributivo propio determinado por la ley del Poder Judicial y sus salarios estarían fijados por la ley de Presupuestos del Estado.