Córdoba
Los olvidadosde la era Kirchner
Los crímenes de los Montoneros, unos 1.500 asesinatos, no han sido perseguidos en Argentina
BUENOS AIRES- Esta semana Argentina cerró algunas de sus heridas más dolorosas. Un tribunal condenó a cadena perpetua al primer presidente de la última dictadura argentina, Jorge Rafael Videla, apodado «La Bestia». Con él, otros 29 represores correrán igual suerte y se pudrirán hasta el final de sus días en una cárcel común. Se trata de la sentencia más importante en materia de derechos humanos desde el Juicio a las Juntas realizado en 1985, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
Durante sus últimas palabras antes de escuchar la condena, Videla se dirigió a la sala en tono desafiante, como una fiera acorralada que lanza sus últimos zarpazos antes de morir. «Ex guerrilleros hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de los Derechos Humanos», afirmó desafiante.
El Gobierno de los Kirchner ha emprendido una cruzada contra los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura. La bandera de los derechos humanos se encuentra izada en lo más alto del balcón presidencial de la Casa Rosada. Sin embargo, apenas se persiguió a los vencedores, indultando los crímenes cometidos por el Montoneros, la organización guerrillera que desarrolló la «lucha armada» entre 1970 y 1979. Los Montoneros se dieron a conocer frente a los argentinos, el 29 de mayo de 1970, con el secuestro y posterior asesinato del ex presidente de la Nación, general Pedro E. Aramburu.
Esta organización armada estuvo integrada en un principio por nacionalistas de izquierda y cristianos progresistas, impregnándose a partir de 1973, en que se fusionan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de influencia castrista.
El idilio entre los Montoneros y Juan Domingo Perón se rompió el 1 de mayo de 1974, cuando el general los expulsó de la Plaza de Mayo. «A través de estos 21años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los que durante 20 años lucharon», dijo el entonces presidente.
Los Montoneros se habían vuelto incontrolables e incluso tenían su propio Código de Justicia Penal, el cual tenía penas que iban desde la muerte, la confinación, la prisión y la pérdida del grado militar, dado que todos los grupos guerrilleros se conducían con las normas de un ejército de línea, con bandera propia, uniformes, grados, y sanciones incluidas. Fueron muchos los casos de desertores o traidores a la causa guerrillera, que fueron asesinados por sus propios compañeros, en las parodias de juicios que realizaban. Dada esta brutalidad y su enorme costo para la sociedad argentina, es cuestionable la cantidad de gente dentro del Gobierno de la señora Kirchner identificada como montoneros o relacionada con este grupo.
Nombres que incluyen al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el embajador en España, Carlos Bettini; la ex ministra de Defensa, Nilda Garré; Felisa Micelli, ex ministra de Economía; el ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; o Horacio Verbitsky, íntimo asesor de la presidenta. Así hasta casi medio centenar de cargos. Varios de los cuales se encuentran procesados por corrupción.
En el nombre de mi padre
Ana María Lucioni, hija del teniente primero Óscar Abel Lucioni, asesinado hace más de 30 años, es la querellante de una denuncia donde demanda la apertura de todas las causas vinculadas con delitos cometidos por integrantes de la organización. El objetivo de Lucioni es comprobar que el grupo extremista cometió delitos de lesa humanidad.
Insiste en remarcar que no busca venganza ni generar más odios, sólo quiere respeto para la memoria de su padre. «Ahora pretenden engañarnos con que sólo eran un grupo de jóvenes idealistas, pero aquellos jóvenes como dicen eran terroristas que empuñaban armas y combatían, y mi padre fue víctima de esos asesinos por el solo hecho de ser un soldado», comenta a LA RAZÓN.
El recuento final oficial de actos terroristas para la década 1969-1979 es de más de 21.000 atentados, 1.748 secuestros y 1.501 asesinatos.
Pese a lo que en un principio se pueda pensar, la mayoría de los caídos no fueron militares. Abogados, gremialistas, periodistas, políticos, policías, profesores, estudiantes e incluso niños engrosan la larga lista de víctimas. Hoy sus familiares claman también por que se haga justicia, son los olvidados de la era K.
El amargo destino de los dictadores
Como señala una de las pancartas que todavía cuelgan en las pirámides de la Plaza de Mayo, «a todos los cerdos les llega su San Martín». El cerebro del plan represor montado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983), Emilio Massera, murió a los 85 años, postrado en una cama, con sus capacidades mentales y físicas disminuidas. Su compañero Jorge Rafael Videla pasará el resto de sus días en una cárcel común, acompañado por otros 29 represores que todavía le guardan pleitesía y se refieren a él como general. Aunque todavía quedan muchos desaparecidos e identidades que devolver, el final de los dictadores ayuda a los argentinos a pasar la página más amarga de su historia.
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