Un ex director de IDEA sobre la alerta de un pago ilegal: «No me acuerdo»

Sevilla- Los tres directores generales de la agencia IDEA que acudieron ayer a la comisión de Investigación de los ERE fraudulentos, Miguel Ángel Serrano (junio de 2004-mayo de 2008), Jacinto Cañete (hasta diciembre de 2009) y Antonio Valverde (actualmente en el cargo) se apoyaron para defenderse en el argumento que ya se preveía. Y que es doble. Por un lado, que la competencia de la agencia se limitaba a materializar los pagos, ejercer de mera caja pagadora, y, por otra, que legalmente tenían que acogerse a la presunción de validez de las órdenes que venían de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sin tener acceso a los expedientes. Los tres directivos repitieron que en ningún momento tuvieron indicios de la existencia de irregularidades –Antonio Valverde sí llega a IDEA meses antes de que estallara el escándalo y tiene que trasladar la información requerida al juzgado– y que, por tanto, no estuvieron obligados a llevar a cabo ninguna acción especial al respecto.

Los tres altos cargos respondieron. Y con las preguntas de los tres grupos de la comisión esta teoría acabó saltando por los aires. Uno de los momentos en los que quedó más claro fue cuando la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero le preguntó al ex director general Jacinto Cañete qué hizo cuando recibió en julio de 2008 un correo electrónico de su director financiero, Antonio Diz-Lois, en el que le alertaba de que con el pago de una ayuda de 2,3 millones a una empresa de Ruiz Mateos, sin que estuviera ratificada por el Consejo de Gobierno, se estaban incumpliendo los Estatutos de la Agencia. Cañete firmó el pago. La pregunta desequilibró la firmeza y cierta suficiencia expositiva mostrada por Cañete hasta ese punto de su intervención. «¿Habló con el consejero, vienieron los bomberos (...)?, le inquirió la diputada del PP. «No me acuerdo, hace tres años. Me imagino que se aclararía por parte de los servicios jurídicos», respondió. En este punto dijo haberse subido a un «barco en marcha», incidiendo en la línea de su antecesor en el cargo, que repitió el mismo argumento sólo que cambiando barco por tren. «No me acuerdo ahora si en mi época se pagó o no. IDEA gestionaba más de 7.000 expedientes al año».

Las alertas de los informes de Intervención volvieron a ser ayer el nudo principal de las preguntas de los tres partidos. Los directores generales de IDEA se escudaron en que estos informes, que los conocieron porque fueron remitidos a la agencia, sólo señalaban que el procedimiento utilizado por la Dirección General de Trabajo, utilizando la fórmula de la transferncia de financiación, no era el adecuado y «no había nada que reprochar» a la labor pagadora que le competía a IDEA. No obstante, entre las labores de IDEA estaba, como recoge el convenio marco de julio de 2001 y que recordó ayer el diputado del PP Rafael Salas, la de «coordinar actuaciones» con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. «¿No era motivo lo que estaba ocurriendo para llamar la atención al director general?», le espetó Salas a Miguel Ángel Serrano. «La verdad es que no me veo a mí mismo llamándole la atención a un superior», deslizó el ex director general, que en otro momento de su intervención señaló que su labor era la de «obedecer, cumplir y ser leal a la dirección general».

El informe de la Intervención relativo al año 2003, en el que se alerta de que la Junta está prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido, ya apuntaba un desfase de 38 millones de euros. Serrano reconoció que este desajuste presupuestario era la principal preocupación de la agencia. Y que lo conoció no en 2005, con el informe de la Intervención, sino antes incluso, en 2004, tras la auditoría de Price Waterhouse. IDEA, por tanto, estuvo al tanto de graves disfunciones que se estaban produciendo. El ex director general Miguel Ángel Serrano dijo que lo que se hizo fue frenar los convenios para limar el desajuste en 2005. Sin embargo, un año más tarde, al cierre de 2006, según el acta del 11 de julio de 2007, volvió a aflorar un déficit de 58 millones. Pese al torniquete puntual, no se cambió el procedimiento –basado en la fórmula de la transferencia de financiación–, que era, como detalla la Intervención, el que propiciaba los desfases económicos y que se libraran partidas sin cobertura presupuestaria. Los tres directivos se acogieron a la ausencia de competencias para tomar medidas, aunque Serrano admitió que comentó con el ex consejero Francisco Vallejo los problemas (presupuestarios y no de procedimiento, aclaró) que existían y Cañete se reunió en varias ocasiones con el ex director general de Trabajo Juan Márquez. Añadió Cañete que se reunió en dos ocasiones con el ex interventor general Manuel Gómez. Dijo que no trataron el asunto de los problemas en el procedimiento. La pregunta, que ningún grupo le hizo, es por qué el interventor general se reunía con el «bombero mayor del reino», como definió Cañete al interventor general.