Y ahora qué

Los movimientos asamblearios suelen finalizar en procesos caóticos, en los que los violentos se suelen aprovechar de los vacíos institucionales. En España hemos sufrido dos procesos electorales marcados por la sinrazón del terrorismo, sufriendo no sólo sus consecuencias directas, sino, y además, la más que probable influencia que por diferentes razones han tenido en los resultados. ¡Ya era hora de poder votar en paz! Aun así, el presente proceso estuvo acompañado de un fenómeno desconocido en nuestro país como las concentraciones previas y coetáneas al mismo proceso electoral que, al margen de su casi nula influencia en el proceso democrático, nos debe hacer reflexionar sobre el mismo. En cualquier caso, nunca pudo pensar uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Stéphane Hessel, que su pequeño libro «Indignaos», pudiera haber sido prolegómeno de estas concentraciones. No voy a entrar a analizar el fenómeno ni a desentrañar su cuasi-espontaneidad, a veces contestada por ciertos datos que nos colocarían cerca de algunos de sus promotores. Y ello sin cuestionar la buena fe de muchos de sus participantes. Pero lo cierto y verdad es que el desempleo ronda el 20% y entre los menores de 30 años más del 40%. Se dice que la base de esta espontánea iniciativa es poner de manifiesto el descrédito de la política institucional y de los políticos ¡parece que sin distinción! Se protesta ante un sistema del que se dice que pretende acabar con el Estado de Bienestar y asimismo contra el capitalismo, simbolizado especialmente en los bancos, a los que consideran los responsables de todos los males. Se reclama un sistema que a todos nos ofrezca una vivienda digna, educación y sanidad gratuita, así como un trabajo bien remunerado. No creo que haya nadie que no desee que la sociedad cumpla con un mínimo de este tipo de derechos, pero para ello es necesario una sociedad que genere la suficiente actividad productiva como para poder crear puestos de trabajo y así poder sostener un Estado que pueda satisfacer todas aquellas necesidades. Por ello, no cabe duda de que es necesario un tejido industrial y productivo, y no sólo servicios, y un sistema financiero que gestione el dinero de los que poseen capital y lo preste de forma responsable al que lo necesita. Pero ello siempre dirigido a la creación de riqueza y productividad. En las países que están saliendo de la crisis –EEUU, Alemania o Gran Bretaña– se admira al competitivo y al que arriesga capital para crear empleo. En estas sociedades sus gobernantes están preocupados por esto. Han racionalizado el gasto público y la administración, han ayudado a la banca y al final todos ganan. En España, esto no ha ocurrido, se ha configurado una Administración pantagruélica y poco eficiente, se han malgastado recursos públicos, no se han acometido a tiempo las reformas necesarias e incluso en algunos aspectos ni tan siquiera se han iniciado. Ante este panorama, no se puede confundir la gestión de los gobiernos de turno con las bases del sistema institucional. Las instituciones por sí mismas no son buenas ni malas, lo son las personas que las ocupan. La evaluación del desempeño de la responsabilidad se debe hacer sobre quien la ejerce coyunturalmente. La democracia representativa, con los debidos instrumentos de democracia directa, es el menos malo de los sistema. A través de la democracia, la ciudadanía puede quitar de sus puestos a los gobernantes sin tener que cambiar toda la base legal del Gobierno, reduciendo la inestabilidad política y asegurando a los ciudadanos que, por mucho que disientan de las políticas del Gobierno en un momento dado, siempre tendrán una oportunidad regular de cambiar a quienes gobiernan. Los movimientos asamblearios suelen finalizar en procesos caóticos, en los que los violentos se suelen aprovechar de los vacíos institucionales. En España sabemos mucho de esto. Por ello, no confundamos la gestión de los gobiernos con el sistema en sí mismo y, como en la justicia, a cada uno hay que darle lo que es suyo. A partir de ahora, quien gobierne en el futuro debe poner oído a todo lo que está pasando y desarrollar políticas que vayan encaminadas a racionalizar la Administración pública, a gastar menos y mejor, a desarrollar por fin un sistema educativo basado en la excelencia, el esfuerzo y la competitividad y no en el adocenamiento y la mediocridad. Urge reformar el sistema financiero de verdad, acabando con el dislate e indolencia en la gestión de las cajas de ahorro; además, se debe desarrollar una política dirigida al favorecimiento de la empresa productiva, la que más resiste las crisis, y para ello hacen falta responsables con preparación, responsabilidad y sobre todo que crean en España como proyecto común. La demagogia y la presunta superioridad moral deben dar paso al esfuerzo y entrega de los que ven en el poder una oportunidad de servir a los demás y no para servirse ellos. En este proyecto cabemos y sumamos todos.