Miguel Ángel Moratinos

«Nos cayó una lluvia de patadas y puñetazos»

Fueron retenidos en una comisaría, interrogados y luego trasladados a la Casa de España.

Uno de los activistas muestra las agresiones (FOTO: Tenerife con El Sáhara)
Uno de los activistas muestra las agresiones (FOTO: Tenerife con El Sáhara)larazon

Era la primera acción reivindicativa del colectivo «SaharAcción». Once activistas se dirigieron en la noche del sábado a una plaza de El Aaiún para reclamar los derechos humanos de los saharauis. Ya al llegar al lugar de la protesta pacífica, los activistas detectaron «una presencia no corriente de gente en la plaza, grupos de hombres que iban y venían, o agrupados en un punto de la plaza», relata Anselmo Fariñas, uno de los detenidos, a LA RAZÓN.

En cuanto trataron de desplegar la pancarta, un grupo de unos sesenta o setenta hombres se lanzaron sobre ellos, sacando banderas marroquíes, profiriendo gritos y lanzándoles todo tipo de golpes. «Hubo una lluvia de patadas, puñetazos, bofetadas y nos arrastraban por el suelo», relata Fariñas. En esos momentos, un grupo de policías marroquíes vestidos de paisano rodearon al grupo, aunque «con los huecos precisos para que nos siguieran dando patadas de vez en cuando». Poco a poco se los fueron llevando a una furgoneta con la promesa de que podrían regresar a sus hoteles. Pero en lugar de eso acabaron en una comisaría local, donde ya estaban otros tres compañeros a los que se les impidió llegar a la plaza donde tenían planeado concentrarse. Eso sí, estos tres, según relataba a Efe Japci Marrero, uno de ellos, fueron «increpados, empujados y obligados a besar la bandera marroquí».

Fariñas aseguraba ayer a este periódico que eran «conscientes del riesgo que corríamos» así como «conocemos la catadura moral del régimen corrupto de Marruecos», pero asegura que continuarán con «las acciones». Eso pese a que intuyen que «hubo escuchas antes de que fuéramos para allá, incluso puede que en España». Esa sospecha se basa en que creen que la reacción de los marroquíes no fue espontánea, que estaban esperándoles en la plaza.

Interrogatorio
Durante las siete horas que permanecieron «retenidos» en la comisaría de Policía, el trato fue «tenso», aseguran los activistas. «Ya no nos golpearon más, pero cada poco nos gritaban aunque no les entendiéramos». Incluso, señalan, tras interrogarles intentaron que firmaran un documento como si fuera una declaración, algo a lo que todos los españoles se negaron rotundamente.

Otro de los activistas, Gonzalo Rodríguez, protestaba ayer a este periódico por el hecho de que «los agresores no están detenidos y los que nos manifestamos de forma no violenta fuimos retenidos por la Policía».

Todos los arrestados mostraban hematomas y contusiones de carácter leve, aunque dos de ellos sí que presentaban golpes más preocupantes, por lo que fue la propia Policía marroquí la que decidió trasladarlos a un hospital. Pablo Monedero presentaba contusiones en el abdomen, aunque finalmente no presentaban mayor gravedad. Peor era el caso de Carmen Roger, con los ojos hinchados y amoratados. De hecho, y ante el estado de su rostro, Roger tuvo que volver a ser trasladada al médico ayer por la mañana. Pero en lugar de ayuda, el médico le dijo que esas huellas de la agresión eran en realidad porque el paracetamol le había producido alergia.

Otro de los puntos con los que más indignados se muestran los activistas, amén de la situación de los saharauis y del trato que recibieron por parte de los marroquíes, es la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según relatan, tardaron catorce horas en poder contactar con la embajada. «El Ministerio no ha estado a la altura de las circunstancias», subrayaba ayer Fariñas. Pese a las críticas, el departamento de Miguel Ángel Moratinos emitió ayer una nota en la que aseguraba que tras la detención de los activistas «se pusieron en marcha los dispositivos de asistencia consular por parte de la Embajada y del Consulado General de España en Rabat, en contacto y continua coordinación con la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid». Asimismo, Exteriores indicaba en su comunicado que «los detenidos, hasta el momento de su puesta en libertad, se han encontrado acompañados por funcionarios españoles».

Tras siete horas en la comisaría, los prosaharauis fueron trasladados a la Casa de España. Aunque ellos creían que les estaban poniendo en libertad, el intérprete les comunicó que debían quedarse allí bajo «arresto domiciliario» hasta que cogieran el barco que les llevaría a Las Palmas de Gran Canaria, algo que hicieron a última hora de la tarde de ayer.

Hasta que no estuvieron a bordo del buque, los activistas tuvieron la sensación de que podían volver a ser atacados en cualquier momento por los mismos que los golpearon en la plaza de El Aaiún. Las propias autoridades marroquíes les habían recomendado que no se movieran de las dependencias donde estaban retenidos sin la compañía de funcionarios diplomáticos españoles.


«Estos hechos ocurren todos los días»
- En la madrugada del pasado 23 de agosto, tres activistas españolas fueron asediadas por la Policía marroquí en El Aaiún. Emma Pomar, Pilar Fortuño e Isabel Terraza esperaban la llegada de cinco saharauis que viajaban desde Argelia y a su llegada la Policía, según declararon, cargó contra todos.
- «Nos dieron puñetazos, nos tiraron al suelo, nos dieron patadas y nos escupieron», relataba Fortuño, al tiempo que añadía que no se atrevieron a salir de casa hasta el día siguiente a la agresión porque las calles que rodeaban su vivienda «estaban sitiadas».
- Y mientras esto sucedía en El Aaiún, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunía ese mismo día con Mohamed VI en Rabat. En un intento por salir de allí las activistas llamaron al consulado, que se limitó a responder que «estos hechos ocurren todos los días». Las activistas no pudieron regresar a España hasta el 26 de agosto.
- Las ONG piden más implicación para poder hacer su trabajo, aunque ahora tienen que hacer frente a la mala publicidad que les ha llegado por culpa de la caravana y también al recorte de gasto que impuso Rodríguez Zapatero para ahorrar.