Bankia necesitará 7500 millones para sanearse

MADRID- El saneamiento de Bankia costará al erario público al menos 7.500 millones de euros. Esta cantidad servirá para afrontar los riesgos de su acumulación de créditos problemáticos relacionados con el sector inmobiliario no provisionados y para cubrir las nuevas exigencias de fondos que el Gobierno reclama para los préstamos considerados sanos y que, en un contexto de recesión, pueden dejar de serlo a poco que la situación empeore por encima de las previsiones. Así lo estimó ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien explicó que la entidad, nacionalizada por la conversión en acciones del préstamo de 4.465 millones de euros que le concedió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), necesita entre 7.000 y 7.500 millones.

Durante la intervención ayer del ministro en el «Foro Cinco Días», De Guindos aclaró que esta cantidad no corresponde a ningún «agujero» adicional, sino que cubre las exigencias del Gobierno para las provisiones inmobiliarias, y que el nuevo equipo –presidido por José Ignacio Goirigolzarri– tiene pendiente de realizar en su mayor parte. Goirigolzarri diseña el plan de viabilidad de la entidad, que podría presentar esta misma semana, y que incluye una petición de ayuda adicional al Estado en forma de inyección de capital o de títulos convertibles en acciones.

Privatización
Aunque las acciones de Bankia mantuvieron su rebote alcista y llegaron a cotizarse a 1,92 euros por título durante la mañana, finalmente se quedaron en 1,76 euros, con una ganancia del 0,40%. El dato es más relevante si se considera la tendencia bajista que sufrió ayer el sector bancario en el parqué madrileño, castigado por las dudas surgidas en las últimas semanas sobre el volumen de créditos dudosos que acumulan en sus balances.

De Guindos aprovechó su intervención para reiterar una vez más que «Bankia es más segura hoy que hace un mes», antes de la nacionalización, y vaticinó que «tras los planes que pondrá en marcha el nuevo equipo, será una de las marcas punteras de la banca española». Tras este periodo de ayuda pública, la entidad será «privatizada» dentro del plazo de tres años que el FROB tiene para vender su participación en un proceso de subasta competitiva.

El titular de Economía recordó que el grupo financiero cuenta con «una enorme liquidez, tiene una franquicia impresionante en España desde el punto de vista comercial, un equipo de gestión de probado prestigio y unos trabajadores que yo valoro como ministro, y que han demostrado su compromiso con la entidad», aseguró, en referencia a la compra de acciones que promueven distintos sectores de trabajadores de la entidad financiera.

Respecto a la comisión de investigación sobre Bankia que promueve el PSOE y que volvió a rechazar ayer el presidente del Gobierno, De Guindos anunció su comparecencia en el Congreso en la tarde de mañana para explicar la reforma finaciera y, en particular, la nacionalización de Bankia.

Rajoy recordó ayer desde la Cumbre de la OTAN que se celebra en Chicago que, cuando se planteó una comisión de investigación sobre el caso de Caja Castilla-La Mancha, los socialistas no aceptaron su creación en el Congreso y se optó por crear en la Cámara Baja una subcomisión centrada en el sector financiero y no particularmente en esa caja.

 

La economía se contraerá otro 0,3%
De Guindos adelantó que la economía española seguirá en recesión en el segundo trimestre, con una nueva caída del PIB del 0,3%, aunque insistió en que se vislumbran «rayos de esperanza» en el horizonte. «El proceso de corrección de desequilibrios es más rápido de lo que a veces se espera», dijo, recordando que en 2013 se espera que España tenga superávit fiscal primario y se estabilice la deuda pública.

 

Amorós niega que conociera las cuentas de la CAM
Los exdirectores generales de la Caja Mediterráneo (CAM) desde el año 2001 hasta su intervención el pasado mes de julio María Dolores Amorós y Roberto López Abad negaron ayer cualquier responsabilidad en la situación actual de esta entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 21 de julio. Ambos comparecieron ayer en la comisión de investigación de Les Corts sobre la intervención de la CAM, aunque López Abad se negó a responder porque su actuación en esta entidad está siendo objeto de un expediente por parte del Banco de España y porque se enfrenta a una «posible imputación ante la Audiencia Nacional». Los grupos de la oposición consideraron que su situación legal actual no le impide responder, motivo por el que pidieron a los letrados de la Cámara que elaboren un informe sobre la conveniencia de dar cuenta de su actitud a la Fiscalía, petición que será votada el próximo lunes. A preguntas de los diputados, Amorós defendió que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales y aseguró que cuando llegó a la dirección de la CAM asumió «una renuncia y una rebaja» de las mismas. Según explicó, no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera.