El Supremo rechaza el último intento de Garzón de evitar el banquillo

El Tribunal Supremo rechazó ayer el último intento que le quedaba al juez Baltasar Garzón para evitar el banquillo de los acusados y ser juzgado por un delito de prevaricación, en relación con la asunción, y posterior cese, en sus investigaciones de las desapariciones del franquismo.

La Sala Penal del Supremo, integrada por su presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, confirma la resolución del instructor de la causa, Luciano Varela, en la que acordaba que había motivos para proceder contra Garzón. Esos cinco magistrados serán los encargados de juzgar a Garzón, quien se encuentra suspendido cautelarmente en sus funciones desde el pasado mes de mayo y trabaja en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya.

La Sala entiende que el criterio del juez Varela de desestimar la práctica de determinadas pruebas solicitadas no puede considerarse «ilógico ni arbitrario», ya que el instructor «razona su criterio al adoptar la decisión», en la cual «no se aprecia ni infracción legal por vulneración de preceptos ni arbitrariedad en su aplicación ni irracionalidad en sus razonamientos», ya que es a quien corresponde «determinar qué diligencias son necesarias e imprescindibles» y cuáles no.

Entre las pruebas denegadas se encontraba la petición de que declarasen los magistrados de la Audiencia que respaldaron el criterio de Garzón al investigar el franquismo.

Junto a ello, el Supremo señala la «contradicción» de la defensa de pedir, por un lado, el sobreseimiento de la causa, y, por otro, la práctica de diligencias.

De esta forma, el Supremo avala la instrucción del juez Varela, el cual decretó el pasado 7 de abril que había motivos para juzgar a Garzón por un delito de prevaricación. El 12 de mayo, decretó la apertura de juicio oral, que determinó su suspensión cautelar.

Varela destacaba que Garzón adoptó en su investigación contra el franquismo «decisiones contrarias al ordenamiento jurídico», siendo consciente de ello, e intentó «asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres» víctimas de la reprensión del franquismo.