Acceso «a la carta» por Ángeles GUERRA

La Ley Orgánica de Eduación (LOE) establece que «el acceso al Cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante concurso-oposición». No obstante, dicha afirmación quedaba matizada, ya que recogía que, en las convocatorias de acceso al Cuerpo de Inspectores, las administraciones educativas podrían reservar plazas para ser cubiertas por concurso de méritos. Esta reserva está destinada para aquellos directores de centros públicos con evaluación positiva, al menos, durante tres mandatos.
En abril de 2010, el BOJA publicó la aprobación de la oferta de empleo público para el Cuerpo de Inspectores de Educación, que se concretaba en 72 plazas, de las cuales se reservaban 17 para ser cubiertas mediante concurso de méritos por los directores. A día de hoy, la Orden de convocatoria sigue sin publicarse, con lo cual, ni directores, ni posibles opositores, ni funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación saben a qué atenerse.
Pues bien, las prisas y los bandazos clásicos de la educación han hecho olvidar cuestiones fundamentales.
Una, que la LOE se publicó en 2006 y el mandato de un director es de cuatro años, luego habría que esperar hasta el 2018 para disponer de esas tres evaluaciones positivas del cargo de director (doce años).
Dos, que en Andalucía, hasta el año 2007 no se reguló ese informe de evaluación que permite acceder, sólo por concurso, al Cuerpo de Inspectores.
Y tres, que al menos dos de los citados mandatos –como director– se van a basar en una norma de 2001, en la que se recogía que los informes de evaluación positiva de los mismos tenían una finalidad económica, pero no tenían el efecto que se esgrime ahora: abrir la «puerta trasera» para el acceso al Cuerpo de Inspectores de educación. De este modo, nos encontraríamos ante un fraude de ley.
Está claro que la apuesta del viceconsejero de Educación no coincide para nada con el objetivo del consejero de Educación de establecer una hoja de ruta que permita superar el fracaso escolar que sufren nuestros alumnos, verdaderas víctimas de un sistema educativo improvisado.
Resulta necesario y urgente establecer la oposición como única vía de acceso al Cuerpo de Inspectores de educación, tal y como ha hecho la Junta de Andalucía al cambiar el modelo de acceso a la función pública. A la inspección de educación deben acceder los docentes con mejor vocación y preparación, que garanticen una verdadera mejora de nuestro sistema educativo.
Tendremos que lamentar, una vez más, de confirmarse la convocatoria andaluza de acceso restringido «a la carta» de directores al cuerpo de inspectores, no sólo un fraude de ley, sino la pérdida de una oportunidad para mejorar nuestro sistema educativo: contar con los inspectores de educación más preparados, técnica y pedagógicamente, para poder ejercer –con responsabilidad– su labor.

 Ángeles GUERRA es inspectora de Educación