Las ayudas arbitrarias para amigos del PSOE llevan a Guerrero a la cárcel

Sevilla- Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, es el primero de los más de 50 imputados por la «trama de los ERE» que está, de manera cautelar, en prisión. Así lo dictaminó la juez Mercedes Alaya minutos antes de las dos de la madrugada del sábado después de que el ex alto cargo andaluz prestara declaración durante tres días en los juzgados de Sevilla. En el auto de prisión, al que ha tenido acceso este periódico, la instructora detalla que «otorgó en connivencia con otros, y a sabiendas de su absoluta falta de competencia, 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas (...), conociendo que se estaba incumpliendo flagrantemente el artículo 38 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Andaluza».

La tesis que ha manejado el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde que saltara el escándalo hace más de dos años, se ha visto corroborada a juicio de la juez: la Junta ideó en 2001 un sistema «con total ausencia de procedimiento» para «obviar los férreos controles de la Intervención». El objetivo último de esa forma de trabajar era mantener la «paz social» en la región, al mismo tiempo que sirvió para conceder «de manera manifiestamente injusta y arbitraria un número importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno del Sr. Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE, partido que gobernaba (durante el ejercicio de su cargo) y gobierna en dicha Comunidad Autónoma».

En el auto, a cada conducta delictiva que la magistrada imputa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, siempre utiliza la frase «en connivencia con otros», lo que según fuentes consultadas por LA RAZÓN presupone que parte de la premisa de que Guerrero no actuó solo y que es previsible que otros imputados sigan su mismo camino.

Hay que destacar que los hechos sobre los que se centró la juez en su interrogatorio y que han motivado su ingreso en prisión, se circunscriben a las irregularidades detectadas en las prejubilaciones de cinco empresas y en las ayudas recibidas por sociedades de la Sierra Norte de Sevilla. La Guardia Civil tiene aún pendiente de analizar más de 300 expedientes, por lo que Alaya ha advertido de que el detenido tendrá que volver a comparecer en su juzgado a medida que la investigación avance.
En relación a los «intrusos» –las personas beneficiarias de pólizas de renta sin haber trabajado en las empresas–, la titular del juzgado de Instrucción 6 señala que el ex director general «extendió desde su cargo la idea de que la Junta de Andalucía asumiría el coste de las prejubilaciones de los trabajadores despedidos colectivamente en las empresas», lo que aprovechó para crear «un entramado en el que siempre intervenían las mismas personas (...) y todo ello al calor de que era un negocio rentable, pues pagaba la Junta de Andalucía».

Esa «trama» fue aprovechada para colocar en las pólizas a los «intrusos» y para que los mediadores vendieran las bondades a las empresas de acogerse a un ERE, del que todos podían sacar beneficios. Así, hubo expedientes en los que consta que no existió solicitud por parte de la empresa ni tan siquiera necesidad por registar beneficios.
La juez también reseña que el ex alto cargo concedió 1,35 millones a socieades de su ex chófer a sabiendas de que el dinero no serviría para la creación de empleo: «Indujo al chófer que tenía asignado (...) para que constituyera ex profeso ambas sociedades con el fin fundamental e ilegítimo de desviarle fondos públicos para su lucro personal concediéndole las citadas ayudas en nombre de la Junta de Andalucía (...). Ambas carecían de manera grosera de la finalidad pública o del interés social o económico de dichas subvenciones».

El ex conductor oficial recibió también 122.649,21 euros a través de una póliza de renta a nombre de su madre, «falsificando éste la firma de esta señora en presencia de aquél y en su despacho oficial». Alaya apunta que Guerrero constituyó «una especie de sociedad» y recibió a cuenta de estas ayudas públicas «una cantidad en metálico de entre 40.000 y 60.000 euros», al margen de gastarse otra parte «en alcohol y cocaína a diario» tras acabar la jornada laboral.

LAS CLAVES
IMPLICACIONES
«Estas resoluciones del Sr. Guerrero otorgando ayudas sin convenio serían utilizadas por las sociedades beneficiarias, bien como garantía de operaciones financieras, o bien para ceder su crédito a entidades bancararias que les adelantaban el importe de las subvenciones, lo que ha generado a la Junta de Andalucía diversas reclamaciones judiciales».
TRAMA CERRADA
«... las mismas personas, las mismas aseguradoras, algunas de ellas de dudosa solvencia, las mismas mediadoras o corredurías de seguros y los mismos despachos profesionales de abogados y técnicos, y todo ello al calor de que era un negocio rentable, pues pagaba la Junta de Andalucía».
COMISIONES
«El inculpado autorizó un desvío de fondos públicos hacia las mediadoras de tales pólizas Vitalia y Uniter».
LA CAMPAÑA
«El argumento utilizado sobre que la petición de prisión provisional del inculpado se hace atendiendo al momento preelectoral (...) Constituye una absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el ministerio público».