Vigilancia de fronteras

Después de la política agrícola común, el acuerdo de fronteras abiertas ha sido el logro más importante y del que la Unión Europea se siente más orgullosa desde el comienzo de su vida comunitaria.
Conocido como el Acuerdo de Schengen, este texto permite la libre circulación de personas y bienes para todos los países que están autorizados por el acuerdo para esa ausencia de pasaportes y otros controles de fronteras en carreteras, aeropuertos y puertos marítimos.
Después de la última ampliación a veintisiete Estados europeos, principalmente procedentes de la Europa del Este, las autoridades de Schengen –que son los ministros de Interior de la UE– están revisando aquellos gobiernos que mantienen una legislación muy poco firme contra delitos de corrupción o mafias organizadas de sus ciudadanos que se aprovechan del libre movimiento fronterizo para cometer sus delitos.
Éste es el caso de Bulgaria y Rumanía, a los que ayer y después de varios meses de roces y disputas se les ha prohibido que puedan adherirse a Schengen. Ambos países son miembros de la Unión Europea desde 2007.
Otra de las obligaciones de Schengen es la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea y en especial el control de la emigración ilegal. España es probablemente el miembro de la UE con más fronteras exteriores. Hace unos meses, a raíz de las revoluciones árabes en el norte de África, España, Italia, Francia o Grecia se han visto superadas con avalanchas de inmigrantes procedentes de los países en conflicto –Túnez, Libia o Egipto– que han provocado oleadas de inmigrantes ilegales que está siendo muy complicado de controlar por los países receptores.