Andalucía

La colaboración público-privada se ha ejecutado sólo al 10 por ciento

Después de que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, haya enterrado el modelo de colaboración público-privada tan defendido por el Gobierno andaluz, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, lamentó ayer que la titular del ramo «tiene sumido al departamento en la más absoluta indigencia». A su juicio, la voluntad de la consejera de volver al pago directo supone «un nuevo recorte social» que «supondría la pérdida de 40.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción».

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ayer en la sede regional del partido junto a Rafael Salas y Ana Mestre
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ayer en la sede regional del partido junto a Rafael Salas y Ana Mestrelarazon

El balance que hizo ayer Sanz fue catastrófico. La Junta se comprometió este año a invertir más de 2.600 millones de euros a través de esta fórmula, pero hasta el momento se han adjudicado obras por un importe de 265. Por tanto, se ha ejecutado un 10 por ciento de lo prometido, «una auténtica tomadura de pelo», tal y como apuntó el dirigente popular, quien subrayó que a Cruz Villalón «no le queda otra salida que la dimisión».

Entre las infraestructuras paralizadas, Sanz destacó el AVE Sevilla-Antequera, cuya construcción la asumió la Junta en 2004; el corredor ferroviario de la Costa del Sol; los metros de Granada y Málaga –la inauguración de este último estaba prevista para febrero de 2009– y las autovías de la Almanzora, Jaén-Córdoba y sierra de Huelva. «¿Qué va a ocurrir con estas obras si se renuncia a la colaboración público-privada?», se preguntó.

Sanz recordó que la consejería ha dejado de invertir entre 2008 y 2010, coincidienco con la crisis económica, más de 4.000 millones de euros. Una situación que le llevó a asegurar que Cruz Villalón «es una consejera cuya misión exclusiva es la de parar obras».

Por su parte, el director general de la Agencia de Obra Pública, Rafael Blanco, no tardó en responder que la colaboración público-privada es un modelo «de éxito» y que su continuidad está «garantizada», añadiendo que en estos momentos se encuentran en licitación inmediata unos 700 millones de euros, «que van a poner en marcha más de 10.000 puestos de trabajo en varias actuaciones».

Blanco insistió en que Andalucía es la comunidad autónoma española líder en este sistema y argumentó que es la región que «más actuaciones ha puesto en licitación pública por este modelo; la que va a movilizar mayor número tanto de puestos de trabajo como de kilómetros de autovía y de actuaciones diversas; y la que ha sido capaz de hacer un proyecto en sintonía con el sector privado, tanto con las empresas como con las entidades financieras».

En esta línea, aseguró que la mejor demostración de ello se encuentra en la última licitación que se ha llevado a cabo en la autovía Iznallor-Darro en la provincia de Granada. «Se han presentado siete UTE y han estado presentes 28 empresas, todas las más importantes del país y de Andalucía», afirmó Blanco, quien añadió que ninguna comunidad ha puesto en marcha un procedimiento «tan ambicioso y con la respuesta que está teniendo». Asimismo, recordó que el Consejo de Gobierno aprobó la licitación de un nuevo tramo de la autovía de la Almanzora.


Una consejería en «stand by»
1. Alarma en los empresarios: El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Enrique Figueroa, auguró recientemente que 2011 terminará con el cierre de 2.000 empresas del sector ante la «nula licitación» que estaba ejecutando la Junta. También criticó que los empresarios no estaban cobrando las obras ya realizadas.
2. Desfase de 800 millones: El Gobierno andaluz reconoce una deuda con el sector de la construcción de 300 millones de euros en obra pública, mientras que la patronal la cifra en más de 1.100. El Ejecutivo se comprometió con las constructoras a pagar 77 millones de euros a lo largo del año, casi el 25 por ciento de la deuda. Los empresarios no están de acuerdo con la cifra ni con el plazo.
3. Menos VPO: El PP denunció recientemente que, de las más de 30.000 viviendas de protección oficial prometidas en 2010, sólo se han ejecutado hasta el momento 6.000. También censuró que la no aprobación de los planes urbanísticos de las capitales está bloqueando importantes proyectos residenciales, comerciales e industriales.