Estrategias de incumplimiento

El anuncio de crear los Consejos de Justicia autonómicos parece discurrir por lo que denomino «estrategias de incumplimiento», en este caso de los pocos aspectos declarados inconstitucionales del Estatuto catalán. El asunto es claro. El Estatuto alumbra un modelo confederal en el que Cataluña –y de rebote el resto de las autonomías– tendría su propio gobierno judicial. El ardid era crear su Consejo de Justicia como órgano «desconcentrado» del Consejo General del Poder Judicial, algo innecesario porque ya existen las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. La idea es que bajo el manto de órgano subordinado en realidad se clone el Consejo General.

Según el Tribunal Constitucional eso no es posible, pero para el Gobierno lo inconstitucional no es tanto lo regulado como el lugar donde se regula: debe hacerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no en el Estatuto. Imagino que se reformará esa ley, se crearán esos Consejos –más órganos, más cargos, más burocracia, más coches oficiales, más gasto– con competencias entre evanescentes y delegadas por el Consejo General. Clavada en la pared de la Justicia esa alcayata, con el tiempo se le irán colgando competencias que le conviertan en verdadero órgano de gobierno. Como digo, «estrategias de incumplimiento».

La otra reforma es la casación. Aquí el Constitucional hizo un alarde de «justicia interpretativa» para salvar que una norma de origen regional –el Estatuto– regulase el Tribunal Supremo. Se reformarían leyes estatales para acomodarlas al Estatuto, y no al revés. El Supremo quedaría como tribunal sólo de unificación lo que, en sí, no es malo. El problema es qué unificará si, con el tiempo y extendido el modelo catalán, el protagonismo legislativo será de los parlamentos autonómicos. Si su función es unificar el raquítico ordenamiento estatal, tendremos un raquítico –y testimonial– Tribunal Supremo.

José Luis Requero. Magistrado de la Audiencia Nacional