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El Supremo pospone su decisión sobre qué juzgado debe abrir la fosa de Lorca
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha logrado este miércoles llegar a una decisión sobre qué órgano jurídico es competente para hacerse cargo de la investigación sobre la fosa de la provincia de Granada en la que se supone que se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca y ha decidido posponer la deliberación.
Fuentes del Alto Tribunal señalaron que los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Juan Saavedra, no han llegado a una conclusión en la reunión de poco más de 45 minutos que han mantenido desde las 11.15 horas. Los magistrados deberán por lo tanto volver a reunirse en un encuentro que tendrá lugar, previsiblemente, la próxima semana.
La Sala de lo Penal está estudiando en concreto el conflicto de competencia elevado por Baltasar Garzón ante la negativa del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada a declararse competente en la causa.
El Alto Tribunal también estudia en la misma deliberación qué órgano jurídico debe hacerse cargo de la investigación sobre los restos de fusilados del franquismo que se encuentran en el Valle de los Caídos. Esta cuestión de competencia también fue tramitada por Garzón tras el rechazo del Juzgado de Instrucción número 2 de El Escorial (Madrid).
El tribunal que delibera sobre estas cuestiones estará presidido por Juan Saavedra y compuesto por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero, Luciano Varela.
La tramitación de este conflicto de competencia fue paralizada en abril de 2010 por el Supremo a la espera de que se resolviese la causa abierta contra Garzón precisamente por investigar los crímenes del franquismo e intentar hacerse cargo de varias de las fosas comunes de la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra que hay en España. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió el pasado 27 de febrero absolver a Garzón en esta causa, en la que se le acusaba de un delito de prevaricación.
El Supremo, en cambio, si condenó a Garzón a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas del "caso Gürtel", Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus abogados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expulsó de la carrera judicial al antiguo titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en virtud de esta sentencia.
Estos dos conflictos de competencia fueron elevados al Supremo después de que Garzón archivase su investigación sobre los crímenes de la dictadura de Franco por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y decidiese inhibirse y enviar diferentes causas a varios juzgados de España para que fueran estos órganos los que se encargasen de la apertura de las diferentes fosas comunes diseminadas por el territorio nacional.
Garzón ordenó en aquel momento, noviembre de 2008, al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que supervisara las labores de exhumación de la fosa común situada entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar, donde supuestamente se encuentra los restos de Lorca, aunque las últimas investigaciones han arrojado dudas sobre su localización.
Los juzgados de Granada y los de San Lorenzo del Escorial se negaron a hacerse cargo de la apertura de fosas y devolvieron la causa a Garzón, quien a su vez elevó sendos conflictos de competencias al Supremo que posteriormente fueron acumulados en una misma causa.
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