Barcelona
Zoido alude al gasto por las protestas para reclamar la Ley de Capitalidad
Pide una compensación y plantea dar «las mayores explicaciones» a De la Torre
Sevilla- El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha argumentado la reivindicación que desde el Ayuntamiento se lleva a cabo para contar con una Ley de Capitalidad con los aproximadamente 86.000 euros en gastos que han debido afrontar las empresas municipales de transportes (Tussam) y limpieza (Lipasam) por la veintena de manifestaciones de protesta convocadas en junio en la ciudad, en muchos casos por ser la capital y albergar las sedes centrales de las distintas administraciones.
En una entrevista con Europa Press, Zoido concretó que el estatuto de capitalidad conllevaría una «compensación» para la ciudad, que con motivos de estos actos de protesta ven cómo la prestación de los servicios públicos queda afectada, «amén de las perturbaciones lógicas que se producen respecto a la convivencia diaria de los ciudadanos, que se ven afectados por problemas que no tienen que ver con Sevilla ni con su vida».
«Se debe tener en cuenta este coste que tiene que soportar la Administración, que debe contar con su compensación», indicó Zoido, que recordó que, sin desmerecer la importancia del resto de capitales de provincia andaluzas, «la capital de la comunidad es Sevilla, que debe tener un reconocimiento como tal». Éste «no sería exclusivo en Andalucía, pues ya lo tienen Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Santiago de Compostela». Por ello, la Delegación de Relaciones Institucionales, dirigida por Javier Landa, está ultimando el proyecto de ley para que pueda ser presentado y ver la luz a lo largo de este mandato, con el objetivo de que «quede patente la capitalidad de Sevilla y se establezca una compensación por todos los perjuicios». Zoido remarcó que está dispuesto a dar «las mayores explicaciones» al alcalde de Málaga y a «todas las ciudades».
Cerca de 100.000 euros sólo en junio
Transporte: 60.000 euros
El Ayuntamiento cuantificó los perjuicios al señalar que como consecuencia de los cortes Tussam registró en junio 1.200 horas de servicio perdidas; calculando que los consiguientes desvíos duraron entre 30 minutos y tres horas, las manifestaciones supusieron un coste de 60.000 euros que va a la cuenta de resultados de la empresa de transporte. Todo ello, recuerda el alcalde, «sin valorar las molestias a los usuarios», siendo éstos unos 80.000, con una pérdida estimada de 25.000 horas, y con los efectos ocasionados a la puntualidad y regularidad de las líneas, que se prolongan más allá de la propia duración del corte.
Transporte: 60.000 eurosEl Ayuntamiento cuantificó los perjuicios al señalar que como consecuencia de los cortes Tussam registró en junio 1.200 horas de servicio perdidas; calculando que los consiguientes desvíos duraron entre 30 minutos y tres horas, las manifestaciones supusieron un coste de 60.000 euros que va a la cuenta de resultados de la empresa de transporte. Todo ello, recuerda el alcalde, «sin valorar las molestias a los usuarios», siendo éstos unos 80.000, con una pérdida estimada de 25.000 horas, y con los efectos ocasionados a la puntualidad y regularidad de las líneas, que se prolongan más allá de la propia duración del corte.
Limpieza: 26.000 eurosEl coste en Lipasam es de una media de 1.300 euros después de cada concentración, lo que arroja un montante total de 26.000 euros en junio de 2012 que debe soportar la propia empresa. A ello, según indicó el regidor hispalense, hay que sumarle las «molestias» causadas a los ciudadanos por unas protestas que nada tienen que ver con la rutina diaria de la ciudad y que están vinculadas a acoger las sedes de la Administración regional.
El coste en Lipasam es de una media de 1.300 euros después de cada concentración, lo que arroja un montante total de 26.000 euros en junio de 2012 que debe soportar la propia empresa. A ello, según indicó el regidor hispalense, hay que sumarle las «molestias» causadas a los ciudadanos por unas protestas que nada tienen que ver con la rutina diaria de la ciudad y que están vinculadas a acoger las sedes de la Administración regional.
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