Buenos Aires
Identidad antes que Sanidad y Educación
Mas gasta en partidas polémicas lo que recorta en Educación y Sanidad. Televisión, embajadas y redundancia de estructuras son «intocables» para CiU. En año y medio, Mas recortó en hospitales y camas y cerró diez escuelas
TV3, una sangría de dinero público
Sería imposible que un dirigente de CiU no citara a TV3 entre los grandes logros que se atribuyen los nacionalistas. La cadena autonómica es un puntal en la «construcción nacional», una herramienta indispensable en la normalización lingüística, argumentan en CiU. Y también es un pozo sin fondo para el dinero público. Desde que la crisis económica estalló, los ingresos por publicidad no han dejado de bajar en la televisión autonómica y, en consecuencia, la Generalitat ha tenido que ir aumentando su aportación. TV3 cuesta ahora unos 260 millones al año a los contribuyentes catalanes, una cifra que se obtiene de restar los ingresos por anuncios a la partida presupuestaria que destina la Generalitat (326 millones) a la financiación de la televisión.
Pero su enorme gasto no es la única polémica que arrastra TV3. El regreso de CiU al poder ha desatado las críticas por el sesgo de las informaciones en clave nacionalista: Artur Mas ha sido entrevistado de forma reiterado y las expresiones independentistas generosamente amplificadas. «No se puede convertir en el No-Do en color», ha protestado el PP, la formación que más insiste en adelgazar TV3 y en mejorar la pluralidad del medio más poderoso en Cataluña.
Vender Cataluña en el extranjero
Madrid- El líder de CiU está convencido de la «viabilidad económica y social» de una Cataluña dotada de un Estado propio. Tal es así que en los últimos meses se revistío de «embajador» convencido de que además sería viable en la UE. En sus discursos de campaña ya ha anunciado que si es reelegido habrá una consejería dedicada exclusivamente a la política exterior y es que, entre sus prioridades figura la de «consolidar Cataluña como un actor internacional comprometido, responsable y solidario» mediante una «política de cooperación». Además, apuesta por impulsar una acción «coordinada y eficaz para defender los intereses catalanes en la UE». Para todo ello, ha destinado 39 millones en los presupuestos de 2012 a la política exterior. En cooperación y relaciones institucionales invierte 12 millones y sólo la acción exterior se lleva 26,9 millones. Dentro de esta partida se encuentran los 1,2 millones de euros que destinan a las seis «embajadas» que tiene repartidas en Bruselas, Londres, Berlín, París, Nueva York y Buenos Aires. El gasto de alquiler por cada una de ellas oscilan en torno a los 400.000 euros anuales. La propuesta del ministro de Exteriores de concentrar sus legaciones en la de exteriores y así cerrar sus «embajadas» para evitar duplicidades y ahorrar contó con el frontal rechazo de Mas.
Del euro por receta a pagar por el «tupper»
Durante el año y medio de Mas al frente de la Generalitat, los recortes presupuestarios han sido especialmente duros en materia de Educación, Sanidad y asistencia a personas con discapacidad. Durante los primeros seis meses de mandato ya dejó entrever sus intenciones: cierre del 30 por ciento de las camas hospitalarias y de quirófanos. En diciembre de 2011, muchos médicos de atención primaria se vieron obligados a ejercer de especialistas, a pesar del colapso de los centros de salud y la reducción de los horarios de atención. Durante el año pasado se suspendieron cerca de 22.000 operaciones y las listas de espera se dispararon un 23 por ciento. En enero de este año, Mas dio una nueva vuelta de tuerca y anunció que el Instituto Catalán de Salud, del que dependen 400 centros y 40.000 profesionales iba a ser troceado y repartido entre 20 empresas (meses después hipotecaría su sede para hacer frente a los gastos) y aprobó el decreto para cobrar un euro por receta, que entró en vigor tras el verano. Paralelamente a las muestras de rechazo y manifestaciónes, las farmacias alertaron de los peligros de la modificación de los plazos de pago, que ya se situaban por encima de los 90 días. A pesar de la situación, se negó a aplicar las reformas del Gobierno y mantuvo la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares sin recursos. Los problemas económicos obligaron a la Generalitat a suspender los pagos a hospitales y centros concertados en agosto y los servicios sociales dejaron de recibir cerca de 450 millones. En año y medio, han desaparecido 7.767 puestos de trabajo en hospitales y ambulatorios.
En materia educativa, el presupuesto para este año es el más bajo del último lustro, a pesar de contar con 15.600 alumnos más en las aulas. Durante 2011, el número de profesores asociados se redujo en 2.000 efectivos y las universidades comenzaron el curso con 400 millones menos. En 2012, se produjo una subida de tasas hasta el 60 por ciento y el precio de algunos másteres alcanzaba los 6.000 euros. El plan de austeridad llevó a la supresión de 10 centros escolares, a la no contratación de personal docente, y al control de todos los gastos corrientes, incluido el consumo de papel higiénico por alumno. Es más, los niños que llevan «tupper» al comedor porque no pueden costearse el menú –que oscila en torno a los 6,2 euros– deben pagar una cuota por el uso de las instalaciones: 3 euros diarios.
El exceso de administraciones
Podría decirse que Cataluña tiene administraciones por encima de sus posibilidades, puesto que coexisten hasta cinco niveles de organismos públicos: ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, gobierno autonómico y gobierno estatal. De todas estas administraciones el caso de los 41 consejos comarcales es especialmente controvertido. Absorben dinero público por valor de 556 millones, de los cuales 34 van dedicados en exclusiva a financiar las dietas de los más de 1.000 cargos públicos al abrigo de una administración, cuyo objetivo es mancomunar servicios entre municipios. La propia Generalitat reconoció el exceso aunque no se atrevió a acabar con él. Hay que preguntarse, dijo la vicepresidenta Joana Ortega, «si todos tienen que existir con las mismas estructuras de ahora o si no sería mejor, por ejemplo, que fueroan sustituidos por un consejo de alcaldes». Jordi Pujol los ideó en 1987 para establecer un contrapoder a los municipios que controlaba el PSC.
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