Educación para ciudadanos

La columna vertebral de las sociedades que progresan se sostienen en la educación, en un buen sistema educativo, exigente, que forme personas libres y que esté adecuado a los retos de cada época. La situación de crisis económica que vive España y el conjunto de Europa de manera especial exige que las nuevas generaciones estén bien formadas y orientadas en el mercado de trabajo. Desde hace treinta años, la Educación en nuestra país es un mal endémico que las sucesivas reformas –demasiadas– que se han desarrollado no han sabido corregir. Muy al contrario. Baste recordar que en el último informe Pisa los alumnos españoles obtuvieron el puesto 26 de un total de 34 países. El abandono escolar también arroja cifras alarmantes: un 28,4%, casi el doble de la media en la UE.

Es de este contexto del que parten las medidas que en Educación va a poner en marcha el Gobierno, tal y como anunció ayer en el Congreso el ministro José Ignacio Wert, medidas ambiciosas inspiradas por crear un sistema exigente porque las naciones que no superen la crisis con una formación fuerte no podrán asegurar el bienestar de sus ciudadanos. Son medidas ambiciosas porque suponen la creación de un Bachillerato de tres años –lo que obligará a reducir la ESO en un curso– con un método evaluativo más estricto, según anunció Wert.

La otra gran pata de esta reforma es la que afecta a la Formación Profesional, que también se cursará en tres años, siendo obligatorio el primero, así como en el Bachillerato. El ministro de Educación hizo una defensa muy argumentada de la FP y pidió un cambio en la imagen de unos estudios que nunca deben ser entendidos como el resultado de una «segregación» injusta. Este modelo está inspirado en la FP «dual alemana», según la cual los alumnos aprenden tanto en la escuela como en las empresas. Wert anunció que iba a reunirse con los agentes sociales para poner en marcha, de manera consensuada, estas medidas que pueden afectar al mercado de trabajo. En el vértice de estas reformas está la aprobación del Estatuto de la Función Docente, que regulará una profesión para la que Wert ha pedido sea reconocida como la piedra angular de un sistema educativo sólido. Esto exigirá un profesorado cualificado, de alto nivel, tan competitivo como los alumnos que se quieren formar y que resulte atractivo para los mejores profesionales. La bandera del plan educativo de las dos anteriores legistaturas, Educación para la Ciudadanía, ha perdido toda la carga ideológica e intervencionista del proyecto socialista. La asignatura pasará a llamarse Educación Cívica y Constitucional y sus contenidos, según adelantó Wert, sólo quieren realzar los valores de las sociedades libres y democráticas de acuerdo a nuestra Carta Magna.