Nefasto «papeles para todos»

Las estadísticas publicadas esta semana sobre la presencia de inmigrantes en los países europeos han confirmado que España está entre los que más población foránea alberga, exactamente cinco millones setecientas mil personas. Aunque Alemania supere esa cifra, con 7,2 millones, la tasa de inmigración española es la más alta de los principales países comunitarios y dobla, con el 12,3%, la media de la UE. Al mismo tiempo que se hacían publicos estos datos, en Europa se recrudecía la polémica sobre la expulsión de delincuentes e ilegales de raza gitana decretada por el presidente de Francia en virtud del acuerdo de extradición que este país tiene firmado con Rumanía y Bulgaria. La agria batalla política que a este propósito se ha entablado entre derechas e izquierdas en el Parlamento de Estrasburgo ha traído a primer plano el desafío que supone la cuestión inmigrante para una Europa en crisis, asustada por la inseguridad ciudadana y replegada sobre sí misma. España no es una excepción y el creciente peso de la población extranjera suscita nuevos interrogantes y replantea viejos problemas a los que no se les ha dado solución. La encuesta que hoy publica LA RAZÓN pone de manifiesto que los españoles tienen una visión entre realista y recelosa del inmigrante; están muy alejados de posiciones que huelan a xenofobia o racismo, pero tampoco comparten el «buenismo» de quienes propugnaban el «papeles para todos». De hecho, al 67% de los encuestados le parece mal o regular que nuestro país sea de los más relajados en la frontera, hecho del cual culpa al Gobierno socialista el 46%. ¿Significa que el ciudadano español discrimina o rechaza al extranjero? No; incluso son mayoría quienes no aprueban la expulsión de gitanos en Francia. Ahora bien, eso no quiere decir que no se detecten problemas de convivencia (54,4%); en realidad, el 67,3% está a favor de que se fomente el retorno voluntario. El punto más crítico, sin embargo, lo ofrece el sondeo a propósito de la creciente comunidad musulmana. Si ya la encuesta difundida la semana pasada por el ministro Moratinos desvelaba un rechazo bastante generalizado (53,6%) de la sociedad española a los musulmanes, la que publicamos hoy refrenda ese estado de opinión y lo complementa con algunos datos muy relevantes, como que un 66,8% los considera reacios a la integración y que son los más problemáticos del colectivo inmigrante. Pero el dato más sorprendente es que el 55,3% de los encuestados sostiene que no se debe dar el mismo trato a los musulmanes y a los católicos. Dejando aparte de que tal discriminación es contraria a la Constitución, lo cierto es que la encuesta pone de manifiesto la creciente inquietud de amplias capas sociales, agobiadas por la crisis, ante la población inmigrante, que en el caso musulmán se complica con una cultura y unas prácticas religiosas inadaptadas al tejido ciudadano. ¿Es gravemente preocupante? No, pero llegará a serlo si el Gobierno y las administraciones públicas no actúan con más responsabilidad de la demostrada hasta ahora. El nefasto «papeles para todos» que Jesús Caldera aplicó de forma irresponsable está ahora pasando factura.