Prostitutas legalizadas como paseadoras de perros

Madrid- La prostitución es un negocio cada vez más invisible, más olvidado. Fuera de los casos de tratas de personas con fines de explotación sexual, sólo acaparan la atención mediática cuando se produce un hecho desagradable en los que esté implicado algún o alguna trabajadora del sexo. Las organizaciones de mujeres defienden que detrás de cada prostituta hay una mujer explotada y que, por tanto, no se debe regular la situación.

En cambio, asociaciones como la Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (Cats) explican que los porcentajes de mujeres que deciden prostituirse son mayores al de explotadas. A falta de estadísticas oficiales, hay que conformarse con una estimación elaborada hace unos años por el Ministerio del Interior, que indicaban que en nuestro país hay más de 300.000 mujeres dedicadas a la profesión más antigua del mundo.

Más allá de la trata, ¿tienen derecho las meretrices a darse de alta en la Seguridad Social? ¿Es legal su actividad? La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia defiende que las prostitutas desarrollan una actividad laboral por la que los dueños de los locales en los que ejercen tienen la obligación de darles de alta. El origen de esta sentencia se encuentra en una visita que realizó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 10 de junio de 2010 al hotel El Cielo, regentado por la empresa Tecnoadiperma 2006 y ubicado en Molinos Marfagones (Cartagena). Los inspectores comprobaron que en el local había 19 mujeres que prestaban servicio alternando con clientes o captando a éstos para el consumo de bebidas. Además, según el magistrado, éstas chicas estaban sujetas al horario del local y percibían la mitad del coste de las bebidas que consumían los clientes. Con la recopilación de estos datos, la inspección levantó un acta de infracción al considerar «la existencia de relación laboral por cuenta ajena».

Los propietarios de este local recurrieron la decisión ante el tribunal alegando, según explica esta resolución, que «no se trataría de una actividad laboral, pues la calificación de su comportamiento sería delictivo y el empresario ni ejerce control ni retribuye el alterne». Frente a esta argumentación la sentencia recuerda, no obstante, que los empresarios «indudablemente se benefician de él –del aterne– y obligan a esas "alternadoras"a adaptarse al horario de apertura».

La Sala de lo Social del TSJ considera, no obstante, que «precisamente la actividad de alterne se caracteriza por la especial habilidad o cualidad de las trabajadoras en captar clientela, y de ahí que gocen de libertad en cuanto a las ropas o atuendo elegido, pues esta labor exige más iniciativa personal y libertad de actuación que otras actividades que exigen mayor control de la empresa en su desempeño, pero ello no implica que la prestación de servicios no sea dependiente, y que las trabajadoras actúen de forma autónoma». Por este motivo, el TSJ declara la «naturaleza laboral» de la labor de esa veintena de mujeres.

Chica de alterne
Sin embargo, queda fuera de la regulación la prestación de servicios sexuales, una actividad que no está penada, pero que castiga al que se lucra de dicha actividad. Lo que sí reconoce la legislación es la profesión de «chica de alterne», que se dedica a captar clientes para que se tomen una copa con ellas o ellos en un bar y lo equipara con las bailarinas o «strippers».

La mayor regulación de la actividad es una demanda recurrente entre las asociaciones de jueces, e incluso magistrados. Nacho Pardo, presidente del Cats, considera que es un buen momento para proponer un cambio normativo: «Acabaría con la economía sumergida, supondría unos ingresos para las arcas del Estado nada desdeñables y estas personas recuperarían una serie de derechos que ahora no tienen». Pardo, que ha visitado el 85 por ciento de los clubes y pisos «francos» de la Región de Murcia, quiere acabar con el mito de que la mayoría de las trabajadoras del sexo sean víctimas de trata: «En mis 16 años de experiencia, he trabajado con más de 1.600 prostitutas y la mayoría no trabaja de forma obligada. Los casos de trata con los que nos hemos topado son mínimos y los hemos comunicado a la Policía».

«Lo que está ocurriendo, –añade– es que como no tienen reconocidos sus derechos, se están dando de alta en autónomos y pagando la Seguridad Social».

De la misma opinión es el Colectivo Hetaira. Una portavoz indicó que debe «hacerse un reconocimiento del derecho de las trabajadoras del sexo. Es necesaria una legalización, para que se les considere trabajadoras». Asimismo, aclara que «muchas de ellas ya cotiza como autónomas bajo el epígrafe de servicios personales, categoría en la que se engloba a acompañantes, cuidadores o incluso personas que pasean perros».

Sobre la posible regulación de la actividad, Pardo indica que «se pueden estudiar fórmulas, sin prisas, analizando la situación y estableciendo un diálogo de verdad con todas las partes. De esta forma evitaríamos jornadas abusivas de 16 horas diarias, siete días a la semana y habría más control sanitario». En cuanto a la sentencia, dijo que es positivo que se reconozca la relación laboral: «es un toque de atención a los clubes de que las mujeres sin papeles no pueden trabajar ahí»

La doble cara de la crisis
Nacho Pardo, presidente de Cats, explica cómo la crisis también ha afectado a las mujeres que se prostituyen: «Muchas lo han dejado porque ya no les resulta rentable. Otras se han quedado sin trabajo y buscan ingresos en la prostitución para cubrir sus gastos básicos». Por eso siguen abogando por su regularización. Gloria Poyatos, magistrada del Juzgado de lo Social de Arrecife (Lanzarote), afirma que «hay una gran hipocresía social. Tenemos que sacarnos el velo y hacer un reconocimiento cuando no hay coacción de por medio. Eso, tarde o temprano, llegará».