El desacreditado modelo autonómico por Ignacio Astarloa

El modelo territorial de la Constitución está hoy puesto en cuestión. Para unos, por sus proyectos secesionistas. Para otros por los excesos de su desarrollo. Y todo acentuado por la severa crisis económica, que no sólo cuestiona el inmoderado gasto público sino la lógica misma de una organización pública que todo lo multiplica por dieciocho. Está pendiente una estabilización definitiva de la estructura territorial que, garantizando la unidad nacional, supere el vaciamiento creciente de lo común y la multiplicación de entidades con competencias repetidas. Un Estado unitario pero residual y testimonial es la negación del Estado. Su desmontaje mediante la cesión incesante de competencias y otros instrumentos estatutarios como los blindajes o las bilateralidades, dificulta las necesarias políticas unitarias y reduce la integración nacional y la cohesión territorial. La deslegitimación de la nación genera un desgaste permanente de energías, y una debilidad manifiesta para afrontar un proyecto de país que construya futuro con determinación. Además, el deterioro institucional que genera el mercadeo constante sobre el modelo territorial para propiciar mayorías parlamentarias está siendo letal para el crédito de nuestro régimen democrático.
La complejidad del sistema de distribución de competencias es fuente constante de conflicto. Y la multiplicación de normas, con la inseguridad jurídica y la desigualdad creciente de derechos que ello genera, están conformando un ordenamiento todavía más complejo (acentuado por las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional). La duplicidad de administraciones competentes sobre la misma materia no es que sea frecuente, es que es la regla, dado que la mayoría de competencias son compartidas. Los mecanismos estatales de inspección y coordinación no funcionan eficazmente en la mayoría de los casos. Desde la perspectiva económica, el modelo no es racional. Pero no sólo por el gasto público exagerado. El sistema de financiación no promueve la responsabilidad fiscal. Y la proliferación de regulaciones segmenta la unidad de mercado, incrementa los costes y barreras de las empresas y dificulta la movilidad de trabajadores y capitales.
Frente a esta situación, hay necesariamente que actuar. Y hay que hacerlo ya. El paso del tiempo por sí solo no va a ocultar los problemas, sino que los va a agravar, especialmente cuando algunos terminen de concretar el desafío territorial que vienen anunciando sin ambages. No se trata por tanto de minimizar daños y de que el Estado actúe reactivamente, neutralizando en lo posible alguno de los excesos. La actuación ha de ser para implantar un proyecto global, que cierre el modelo que la Constitución no cerró y refleje una articulación territorial del país estable y viable, con vocación de permanencia. Para ello, el Estado autonómico debe cambiar su orientación. El sistema no puede descansar exclusivamente sobre una imparable hipertrofia del principio de autonomía, mientras se violenta el de unidad y se ningunean los de lealtad y solidaridad. Hay que superar el paradigma de la bondad de la descentralización infinita, dejando al Estado como sujeto a extinguir. Hay que frenar la creciente disolución de los elementos identitarios comunes. Y hay que dotar de racionalidad económica al modelo.
Ello se traduce en incontables reformas. Por citar sólo algunas de las más relevantes, se trata de reforzar la unidad de mercado, simplificando el sistema regulatorio actualmente multiplicado por dieciocho. De reforzar la capacidad del Estado para hacer viable una política económica nacional, para realizar políticas de estabilización o para afrontar toda clase de emergencias nacionales. De traducir el principio de solidaridad constitucional en títulos competenciales concretos. De fijar estándares mínimos para cada servicio, consagrando una protección homogénea básica para todos los españoles. De hacer efectivas las facultades estatales de coordinación e inspección. De potenciar las enseñanzas comunes en los planes educativos. De garantizar de forma efectiva el uso libre del castellano en cualquier parte del territorio. Se trata de recuperar el equilibrio, revisando el reparto de tareas entre el Estado y las Comunidades. Ha de propiciarse, para cada materia, el grado de descentralización deseable, aquél que va a proporcionar la mejor atención al interés general. Hay que asegurar la estabilidad presupuestaria, y el control presupuestario de todas las administraciones, Hay que racionalizar las estructuras administrativas y establecer una división de trabajo clara entre administraciones, eliminando cualquier duplicidad. Y hay que acabar con el mimetismo institucional que repite a diecisiete todos los órganos y entes, y racionalizar el sector público empresarial y las administraciones periféricas del Estado y de las comunidades. Hay que desactivar las delegaciones internacionales paralelas al Servicio Exterior del Estado. Y hay, en fin, que asegurar la igualdad en la aplicación de la Ley y del Estado de Derecho, reforzando la unidad jurisdiccional y eliminando cualquier atisbo de poderes judiciales diferentes.
Como puede verse, una ingente, compleja, importante y perentoria tarea. Sólo con reformas institucionales profundas serán sostenibles las reformas económicas. Reformas para recuperar un proyecto nacional y un horizonte de esperanza como país. Y de todas esas reformas estructurales pendientes, sin duda es primordial la que ha de modernizar un modelo de Estado políticamente cuestionado y que presupuestariamente no resulta sostenible.

Ignacio Astarloa
Diputado del PP