Sólo una medida efectista

Las fuertes turbulencias que agitan el mercado del petróleo a causa de las revueltas populares en varios países árabes que son productores han obligado al Gobierno español a diseñar un plan de ahorro energético para contrarrestar los vaivenes al alza en la cotización del crudo. Aunque el suministro esté razonablemente garantizado, las maniobras especulativas provocan un incremento del precio que de no cejar pondrán contra las cuerdas la recuperación económica mundial y, con más motivo, la española. Hace bien el Gobierno, por tanto, en tomarse en serio la amenaza y en buscar los remedios necesarios para conjurarla y contrarrestar sus efectos perniciosos. Nada puede ser tan letal para la débil recuperación de nuestra economía como un fuerte encarecimiento de la factura energética, pues no se debe olvidar que España depende, hasta en un 80%, del exterior. Otra cosa, sin embargo, es que la vicepesidenta Salgado acierte con las medidas anunciadas ayer, entre las cuales destaca por encima de todas las demás la de reducir en 10 kilómetros por hora la velocidad máxima en las autovías, que pasará de 120 a 110 km/h. Es verdad que no es la primera vez que un Gobierno decide rebajar los límites de la velocidad para ahorrar combustible, pues ya lo hizo el régimen de Franco en la crisis de 1973, pero también es verdad que ni las infraestructuras ni la tecnología del automóvil de hoy son equiparables a las de entonces. De hecho, es de muy difícil demostración que reducir la velocidad suponga automáticamente un ahorro apreciable, pues el par óptimo de la mayoría de los automóviles, es decir, la velocidad más eficiente, está más cerca de los 120 que de los 110km/h. No sin razón, resulta sintomático que el vicepresidente Rubalcaba fuera incapaz ayer de precisar cuánto nos ahorraremos y se limitara a aventurar un «15% del deposito», sin más datos que le avalara. También en este asunto resulta inevitable percibir ese aroma a improvisación y efectismo que distingue a muchas de las actuaciones económicas del Gobierno socialista. Se diría, más bien, que ha aprovechado que el Pisuerga de la crisis energética pasaba por aquí para satisfacer un viejo anhelo de la Dirección General de Tráfico de rebajar la velocidad en las autovías, fórmula infalible para disparar la recaudación por multas. Ya anunció días atrás la reducción de 50 a 30 km/h la velocidad máxima en las vías urbanas, así que con esta nueva decisión cierra un círculo cuyos beneficios más notorios irán a las arcas públicas a costa del conductor. Por lo demás, el resto de las medidas avanzadas apenas si merecen mayor consideración que la de engordar un paquete bastante endeble y voluntarista, como bajar hasta un 5% las tarifas de los trenes de cercanías y media distancia o incrementar el consumo de biocombustibles. Son simples y diminutos parches que no logran ocultar las graves deficiencias del sistema energético, pendiente de un pacto de Estado para hacerlo menos dependiente del exterior, más eficiente y más barato para el consumidor. Todo esto no se alcanza obligando a los automovilistas a conducir a paso de tortuga y breándolos a multas. Otra vuelta de tuerca de un Gobierno obsesionado con prohibir, regular y controlar todos los ámbitos.