Bruselas cuestiona a Sarkozy

Francia no convence. Las explicaciones que dio a la Comisión Europea el martes pasado no han evitado que Bruselas cuestione la legalidad de las expulsiones de un millar de ciudadanos europeos, pertenecientes a la comunidad romaní.

El análisis preliminar, elaborado por los comisarios Viviane Reding, Cecilia Malmström y Laszlo Andor, responsables de Justicia, Interior y Asuntos Sociales respectivamente, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, muestra que las medidas tomadas por el Gobierno Sarkozy traspasan las líneas rojas marcadas por la legislación comunitaria. No obstante, la Comisión evita aún calificar como «ilegales» las deportaciones hasta recibir más información sobre algunos de los puntos oscuros que todavía tiene que plantear a las autoridades francesas a lo largo de esta semana. Eso sí, deja claro que no da la aprobación que Francia vino a buscar esta semana a las expulsiones realizadas.

El informe, presentado ayer al colegio de comisarios, arroja dudas sobre el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pero sobre todo muestra una clara distancia de las expulsiones con relación a la Directiva de Libertad de Movimiento de 2004. Recuerda que cualquier expulsión o retorno de un ciudadano europeo debe ser hecha «tras un análisis caso por caso basado exclusivamente en la conducta personal y las circunstancias del individuo en cuestión, si representa una amenaza para el orden público o la seguridad o si son una carga irrazonable para la seguridad social del país». Sin embargo, Francia no ha aplicado «satisfactoriamente» la Directiva de Libertad de Movimiento, en concreto «la ley francesa no recoge explícitamente la obligación de examinar todos las circunstancias individuales (como el periodo de permanencia, la edad, la salud, la situación familiar o el nivel de integración en el Estado miembro de acogida)». Además, explican los comisarios, el desmantelamiento y expulsiones de los habitantes de los 200 campamentos en Francia se debió a «la situación de ilegalidad vinculada a tales asentamientos», como la «explotación de menores para la mendicidad o la violación de las leyes de propiedad», no a un análisis caso por caso de los individuos. Más aún, subraya que la directiva de Libertad de Movimiento de 2004 exige que las notificaciones de retorno deben darse por escrito, deben estar abiertas a apelación y a los ciudadanos se les debe dar un mes para abandonar el territorio, lo que contrasta con las irrupciones a la fuerza que protagonizaron las fuerzas de seguridad francesa. Y si París insiste en que la mayoría (828 de 979 casos) son retornos voluntarios a cambio de dinero, Bruselas advierte que todavía espera «una clarificación total» sobre su naturaleza. Y avisa que «el sólo hecho de pagar» no es suficiente para cumplir el principio de libertad de movimiento.


¿Dónde va la ayuda a la integración?
La Comisión Europea pide en su informe a la presidencia belga convocar una reunión de ministros de Justicia e Interior, y de Asuntos Sociales «tan pronto como sea posible» para identificar usos «más focalizados» de los fondos nacionales y los de la UE para promocionar la integración económica y social de los gitanos. Además, establecerá un grupo de trabajo («task force») dentro de la Comisión para analizar las medidas tomadas por los Estados miembros.