La Junta podría ver suspendidas las transferencias si incumple el FLA

SEVILLa- La Junta de Andalucía verá endurecidas las condiciones de control y fiscalidad por parte del Gobierno central una vez disponga de los casi 5.000 millones de anticipo que ha solicitado del Fondo de Liquidez Autonómica. En este proceso, el Ejecutivo central se garantiza, mediante el denominado «Programa de Acuerdo que se propone a las comunidades que quieran solicitar el FLA», mayores cotas de control. La Administración andaluza, al igual que el resto de concurrentes, estarán bajo su estricta vigilancia. Sobre la cuantía que finalmente recibirá la Junta, el documento señala que «los fondos se repartirán por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en función de las solicitudes presentadas y de sus necesidades financieras. Los primeros préstamos se suscribirán a principios del mes de octubre una vez se reciban y se acepten las solicitudes».

Los 4.906 millones es un objetivo de máximos. Se estima que el desembolso será de unos 3.500 millones, pero también la cantidad exacta depende de un criterio fijado por el Gobierno.
El citado programa desmenuza el Real Decreto de Hacienda 21/2012 y supone una herramienta más para someter a las comunidades al objetivo de déficit, principal reto de Rajoy. La consejería de Aguayo dispondrá de una financiación más barata que la del mercado, pero a cambio renuncia explícitamente a buscar financiación adicional en mercados extranjeros ni a emitir deuda sin autorización expresa del Gobierno. De esta forma, quedan estrictamente señalados los recursos con los que habrá que afrontar la delicada situación financiera de la Junta, cuya deuda pública se eleva a 14.500 millones de euros.

Además, la posible falta de devolución de los créditos recibidos del FLA supone una espada de Damocles. La Administración andaluza habrá de asumirla al momento de la firma del Fondo: si no los devuelve en tiempo y forma, el Gobierno tiene la potestad de paralizar los recursos derivados del sistema de financiación. El Programa es especialmente explícito con la «transparencia para las comunidades autónomas para favorecer el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda, motivo por el cual se está modificando en el Senado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los nuevos niveles de transparencia se concretan en la remisión periódica puntual de la situación presupuestaria, de tesorería y endeudamiento de las comunidades autónomas».

En este punto, el Gobierno central obliga a la Junta de Andalucía a tres puntos claves, que deben tener un desarrollo específico y posterior: (1) reducción del gigantesco sector público andaluz, (2) eliminación de cargas administrativas y barreras al mercado interior y (3) la asunción de reformas estructurales para aumentar la competitividad y para racionalizar el gasto público. Bajo estas líneas generales, la Junta cede autonomía y se somete a la fiscalidad central.