La Fiscalía busca inhabilitar 10 años a un juez por cambiar un turno de custodia

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó al juez de familia Fernando Ferrán Calamita a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por retrasar de manera «maliciosa» la adopción de una menor a una lesbiana. El Consejo General del Poder Judicial impuso una multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés, aunque la Fiscalía exigía tres años de inhabilitación. Al juez Serrano, le piden 10 años por ampliar un día y medio el turno de custodia a un niño de 11 años para que su padre lo acompañara en su salida como paje en una cofradía de la «Madrugada» sevillana.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, informó en declaraciones a Europa Press de que la Fiscalía ha solicitado que se inhabilite durante diez años al juez de Familia Francisco Serrano y una multa de 5.400 euros. La acusación particular que ejerce la madre eleva la pena a 20 años de inhabilitación. También exige una multa de 14.400 euros por un delito de prevaricación dolosa; 60.000 euros de indemnización para la progenitora por los daños morales y físicos sufridos; 100.000 euros al menor por «el gravísimo estigma público»; y otros 12.000 euros para el otro hijo menor de la querellante. En total, 186.400.
Los hechos son conocidos. El régimen de visitas acordado entre un matrimonio dentro de un proceso de divorcio fijaba que el menor estaría con el padre hasta las 14:00 horas del Miércoles Santo. Para salir en la procesión de la «Madrugada», el abuelo y el menor solicitaron a Serrano unas medidas cautelares para ampliar la custodia un día y medio. El juez así lo hizo.
Sorprendido in fraganti
La acusación particular entiende que «esta causa no es la de ‘‘un niño y su procesión'', sino la causa de un juez sorprendido in fraganti haciendo favores a un amigo con quien tiene lazos de cliente y mercantiles». Su relato es el siguiente: el abogado Joaquín Moeckel, amigo del magistrado, le contó «datos extrajudiciales» de la historia. Ambos pactaron la fórmula para ampliar la custodia del padre y permitir que el niño realizara la estación de penitencia. Lo hicieron pese a que la responsabilidad recaía en el juzgado de Violencia sobre la Mujer 4 –que llevaba el proceso de separación– y no en el del denunciado. Concluye el escrito que «todos los actos, decisiones y resoluciones del acusado conforman un solo hecho prevaricador, con desarrollo fragmentado, conducente a beneficiar a un amigo, con gravísimo desprecio a la Justicia y con grave perjuicio físico y moral a una mujer y a sus dos hijos menores de edad».

En el punto de mira de los feministas
Aunque varios colectivos feministas tienen al juez Serrano en el punto de mira, sus decisiones no benefician siempre a una parte. Obligó a un padre a pasar 3.500 euros al mes para la educación de su hijo –ropa de marca, servicio y educación bilingüe– para que éste no lo eligiera cuando fuera mayor sólo por dinero en detrimento de la madre.