Al banquillo

Responsabilidades más allá de la política. Eso es lo que pide Dolores de Cospedal para todos aquellos que desde la administración pública han malgastado, despilfarrado o gestionado de manera nefasta los caudales de los ciudadanos. Junto a la presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, lo piden también cientos de alcaldes que se han encontrado con unas arcas esquilmadas por sus antecesores y, por supuesto lo exigimos los ciudadanos que somos al fin y al cabo los paganinis de todo este asunto.
Cuando alguien pide el voto, se está comprometiendo a administrar con eficacia nuestros impuestos, aunque alguno no se haya enterado, y si su gestión, ya sea por desconocimiento, indolencia, temeridad o exceso de optimismo arroja como balance unas cuentas no aptas para hipertensos, lo menos que podemos reclamar los estafados es la inmediata inhabilitación política del culpable y sus correspondientes explicaciones ante un juez. Ni más ni menos que lo que se le demanda a cualquiera que se dedica a manejar el dinero de una empresa. Malo es que uno pueda llagar a gobernar con la EGB atascada mientras que para ser profesor de flauta en un colegio de secundaria te exijan unas cuantas titulaciones más de las que tienen algunos ministros, pero el colmo de la desfachatez es que encima tengas bula para provocar un descalabro contable e irte de rositas. Ni al Senado, ni al Congreso, ni al Parlamento Europeo: cuando un político se ha gastado el dinero ajeno repartiendo monedas a diestro y siniestro como un padrino de bautizo, lo que se merece es el destierro profesional y un vis a vis con la Justicia, y ahí Cospedal tiene más razón que un santo.