En busca del ritmo y los tiempos

MADRID- La tregua de los cien primeros días de la que tradicionalmente suele disponer todo Gobierno no ha llegado en este caso ni al mes. En el aterrizaje de Mariano Rajoy a la Presidencia del gobierno todo está siendo tan excepcional como la herencia que tiene que administrar. De hecho, dentro del PP es donde primero han empezado a preguntarse si las cosas, las decisiones, llevan el ritmo adecuado y si los ajustes tendrán el alcance que deben tener para que la nave se salve. Una situación a la que desde Moncloa se le resta importancia porque creen que es «normal» que haya nervios ante un escenario muy difícil y sobre el que siguen cayendo jarros de agua fría, como el empeoramiento de las previsiones económicas certificado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La respuesta de Rajoy ha sido acelerar su propio plan de investidura.

Los Consejos de Ministros, básicamente deliberativos, han servido de alimento para ese debate interno: si hay un sector que rumía porque todavía no hay medidas legislativas de alcance, también hay otro que desde el primer día defendió que el Gobierno se estaba marcando unos plazos excesivamente apurados y que era arriesgado, por ejemplo, aprobar el primer ajuste del gasto público sin haber ni siquiera revisado «los cajones» de todos los ministerios.

La agenda del Consejo de Ministros y del presidente del Gobierno cumple un mes, tiempo que ha dado para que Rajoy haya presidido cuatro reuniones de su Gabinete; y otra de la Comisión Nacional de Asuntos Económicos; mantuvo una videoconferencia con los militares en misiones internacionales; asistió a la apertura solemne de la X Legislatura en el Congreso y a la celebración de la Pascua Militar; ha dado una entrevista a la agencia Efe; asistió al debate sobre la convalidación de su primer decreto-ley en el Pleno del Congreso, que defendió el ministro Montoro; inauguró el Foro de Liderazgo Turístico Exceltur; y ha puesto en marcha su agenda internacional con las reuniones con el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy; y el presidente del Consejo Europeo, Heman Van Rompuy. También se ha visto con el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendimiento de la Unión Europea; Antonio Tajani; y ha realizado su primera visita oficial a Marruecos. En el ámbito legislativo, los platos fuertes comenzarán a llegar a partir del próximo Consejo de Ministros, ya que entre esa reunión y las dos siguientes se espera que se apruebe la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma del sistema financiero y la reforma laboral.

El Gobierno también ultima el plan de reducción de sus organismos empresariales públicos. En principio, su objetivo es tener listo el informe de la «poda» que afecta a la Administración General del Estado para finales del presente mes, plazo que expira la próxima semana. Y en lo que concierne a los deberes pendientes por parte de las comunidades autónomas, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se aprobó la creación de un grupo de trabajo que se dedique a fiscalizar por qué los gobiernos regionales no han cumplido el compromiso que adquirieron en 2010 para reducir el tamaño del sector público autonómico en 514 entes, sin tener en cuenta el País Vasco. Desde entonces sólo se han suprimido 69, lo que implica un grado de cumplimiento de poco más del 13 por ciento.

Ahora está por ver en qué queda el nuevo acuerdo adoptado en el CPFF y el nuevo grupo de trabajo, vistos los resultados de la experiencia anterior. De momento el Gobierno no ha establecido un plazo definitivo para que esa «poda» territorial esté cumplimentada, aunque precisa que debería estar lista «ya». Por Consejo de Ministros ha pasado el anteproyecto de ley de reforma de la financiación de los partidos, que plantea un recorte del 20 por ciento en el dinero que les llega. Ese mismo recorte se aplicará a las subvenciones a sindicatos y empresarios.

También el decreto ley de medidas urgentes por el que el Ejecutivo ha revalorizado las pensiones; ha aprobado un primer tijeretazo en el gasto de los ministerios de 8.900 millones de euros; y ha certificado su ahora decisión más polémica, la subida «temporal» de impuestos para recaudar 6.000 millones de euros más en 2012 ante la desviación de dos puntos del déficit en 2011.

Hay que añadir el plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; el anteproyecto de ley que permitirá la privatización de las televisiones autonómicas; y la reforma de los organismos reguladores, en cumplimiento de la promesa electoral de simplificarlos y reforzar la profesionalidad de sus direcciones. Informes y medidas que acabarán todas de materializarse en próximas reuniones del Gabinete.