Las CC AA revisarán las prestaciones sanitarias y el pago por medicinas

MADRID- «No hay solución alternativa a tocar el gasto sanitario y en educación, de una manera o de otra: es decir, o se pone un ticket moderador y se reduce el gasto farmacéutico, o habrá que echar a interinos y recortar el sueldo de funcionarios». Así de gráfico se manifestaba el martes un alto cargo del equipo económico del Gobierno al ser preguntado por las medidas necesarias para recortar los 55.000 millones de euros en dos años que exige Bruselas dentro del plan de consolidación fiscal impuesto a España.

La realidad es que el Ejecutivo ya está trabajando en la sombra con las comunidades autónomas sobre fórmulas para ahorrar gasto y ganar en eficiencia en materia sanitaria. La ministra de Sanidad, Ana Mato, lleva personalmente esa negociación con los consejeros autonómicos. Además, en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en esta legislatura, Gobierno y autonomías acordaron poner en marcha un grupo de trabajo para estudiar la revisión estructural del gasto, aunque su activación formal no estaba prevista hasta después de las elecciones andaluzas y la presentación de los PGE. El pacto estará listo antes del verano.

La negociación está dirigida, al menos ese es el objetivo de partida, a cerrar un gran acuerdo territorial –que se desea solemnizar en una conferencia de presidentes– que afecte al catálogo de prestaciones sanitarias y, sobre todo, al gasto farmacéutico. Sobre la mesa está la fórmula del «copago», siempre teniendo en cuenta el factor de la renta, y circunscrito a las medicinas, sin que toque a la asistencia sanitaria (consultas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas...). El camino pasaría por abundar más en la financiación selectiva de medicamentos, en línea con la iniciativa pionera aprobada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se ha concretado en un ahorro diario de 300.000 euros. 

Feijóo ha sido, precisamente, el primero que ha dado un paso adelante y ha defendido en público lo que muchos de sus compañeros de partido y también del PSOE, vienen propugnando en privado desde la pasada legislatura. Ayer dejó la puerta abierta al copago farmarcéutico por renta, aunque rechazó tajantemente que los ciudadanos tengan que pagar por actos asistenciales. «Lo prioritario es una política farmacéutica razonable para no cobrar a nadie por ir al médico», defendió, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa. Antes, en declaraciones a la Cadena Ser, había rechazado «criminalizar» a Cataluña por las decisiones sanitarias que está adoptando. «Cuando un presidente da ese paso no es porque le guste, sino porque probablemente su situación le impide hacer otra cosa que no sea pedir un esfuerzo a los ciudadanos», dijo. Otras comunidades, como Extremadura Navarra o Canarias, marcaron ayer distancias sobre el copago sanitario.

En cualquier caso, estas medidas se están valorando junto con otro paquete de actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del sistema sanitario, en lo que afecta, por ejemplo, a suministros, centrales de compra o cuestiones logísticas. El objetivo –explican fuentes del Gobierno– es garantizar la sostenibilidad del sistema, su universalidad y su gratuitad en las prestaciones básicas. «Y que los ajustes no creen graves desigualdades territoriales», dicen.
Hay comunidades del PP que también están planteando que la reforma estructural del gasto afecte a la educación con una revisión de la legislación básica sobre los contenidos formativos, y con actuaciones en el sistema de provisión o en la gestión de universidades, por ejemplo. Y se exploran, asimismo, nuevos mecanismos de actuación en el ámbito del gasto corriente y en el capítulo I de Personal, como la optimización de las jornadas laborales de los funcionarios, reducción de bajas temporales y absentismo, y la revisión de días de libre disposición o vacaciones –hay margen en legislación básica. Por supuesto, de estos ajustes no se salvarán medidas aprobadas por el PSOE, sin financiación, como la Justicia gratuita.

El cierre de embajadas, la alternativa
A pesar de la delicada situación económica que atraviesa Cataluña, y que ha motivado la implantación del cobro de un euro por receta, Castilla-La Mancha cree que la región catalana debería eliminar gastos superfluos en vez de «tener que cobrar ni un solo euro» a los ciudadanos por acceder a la Sanidad Pública, afirmó el portavoz de la Junta, Leandro Esteban. «Podría haber empezado por suprimir algún organismo, como las embajadas en el exterior», señaló.