Una decisión unánime del Poder Judicial

El CGPJ acordó hoy por unanimidad suspender a Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello, según informaron fuentes extraoficiales. La decisión ha sido notificada ya telefónicamente al magistrado y se ha dado cuenta del ella al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes. El fallo será efectivo una vez que Garzón reciba la resolución del pleno que será, lo antes posible, según la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

Reunión extraordinariaAl mismo tiempo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha convocado para esta misma tarde un arenuión extraordinaria de la comisión del CJPG para estudiar la la petición realizada por Garzón para ser declarado en situación de "servicios especiales"con el fin de aceptar una plaza de asesor de la Fiscalía en el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya. Una decisión que sde ha tomado tras conocer que el magistrado ha recurrido esta misma mañana el auto del juez Varela y de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya concretado los términos de la oferta al magistrado.

«La Comisión Permanente va a interpretar los artículos y toda la documentacion requerida», indicó la portavoz, Gabriela Bravo. Fuentes próximas al proceso aseguran que la suspensión cautelar de Garzón podría truncar sus planes de trasladarse TPI para trabajar como asesor externo de la Fiscalía y argumentaron que el permiso de servicios especiales solicitado en principio no se podría tramitar debido a que esta figura sólo se puede aplicar a jueces y magistrados que se encuentren en activo.

Según estas fuentes, Garzón sólo podrá trabajar como asesor en el TPI si solicita la excedencia o su salida de la carrera judicial, algo que parece poco probable ya que supondría su pérdida de destino y, por lo tanto, no podría volver a la Audiencia Nacional si finalmente es absuelto por el Tribunal Supremo en el juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, que podría celebrarse a finales de julio o entrado el mes de septiembre. Uno de los informes solicitados por el CGPJ para decididir sobre el traslado de Garzón, el elaborado por el Servicio de Personal Judicial del propio Consejo, recomendó rechazar la petición de Garzón al entender que "no cumple los requisitos exigidos por la ley". "No parece que la invitación, oferta o posibilidad de nombramiento como consultor externo puedan integrar las exigencias que impone la ley, pues por un lado, no se ha llevado a cabo nombramiento alguno y, por otro, se trata de un posible hecho futuro que no se puede verificar o, cuando menos, no se ha verificado con la documentación aportada", señala el citado informe. El Consejo ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.De este modo, el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se ve obligado a abandonar "de forma automática"la Audiencia Nacional hasta que no se resuelvan las tres causas abiertas por prevaricación contra él en el Tribunal Supremo. Además del asunto relacionado con la Memoria Histórica, Garzón tiene pendiente saber si también será sentado en el banquillo por los cobros que obtuvo de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco de Santander; y por una tercera causa que se tramita por haber intervenido este magistrado las comunicaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces no ha valorado la petición realizada por Garzón para ser declarado en situación de "servicios especiales"con el fin de aceptar una plaza de asesor de la Fiscalía en el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda), lo que hubiera evitado su suspensión durante, al menos, los siete meses para los que solicitó dicho permiso. Recurso «in extremis»

Esta misma mañana, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que pide que se acuerde la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado contra él por el magistrado Luciano Varela por la investigación de los crímenes del franquismo.

El escrito presentado hoy ante la sala segunda del TS, coincidiendo con la reunión del Consejo General del Poder Judicial que decidirá sobre la suspensión de Garzón, alega que el auto de apertura de juicio oral es nulo, ya que sólo podría dictarse cuando el fiscal o alguna de las acusaciones particulares lo haya solicitado.

El letrado recuerda que en la causa abierta a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo el único escrito de acusación, que además ha sido "orientado"por el instructor, es el formulado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que ejercen la acusación popular.

Asimismo, Martínez-Fresneda insiste en que el magistrado Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón, ha quebrado el principio de "imparcialidad"judicial al requerir a Manos Limpias y a Falange, antes de que fuera expulsada del proceso, que sustituyeran unos escritos de acusación "defectuosos"por otros que corrigieran los defectos.

A juicio del letrado, esta labor de "expurgación", por la cual se indica a unas acusaciones lo que tienen que "decir o no decir"en un escrito de acusación, es insólita en un juez de instrucción y "ha de tenerse por radicalmente nula".

"Toda vez que los escritos de acusación presentados por Manos Limpias son nulos de pleno derecho, el auto de apertura de juicio oral dictado sobre la única base de tales escritos es igualmente nulo", afirma el abogado del juez de la Audiencia Nacional.

Además recalca que el discurso acusatorio contra Garzón es "meramente sobre indicios"y acusa a Manos Limpias de apropiarse indebidamente del discurso del instructor para intentar articular sobre él una acusación, sin ninguna aportación novedosa u original.

En este sentido, indica que el mismo auto de apertura de juicio oral dictado por el juez Varela el pasado miércoles reconoce que los nuevos escritos del sindicato ultraderechista "se formulan sin cambio relevante"respecto del inicial y dice que esta "acusación orientada"no deja de ser una "copia plagiada"de una resolución del propio instructor.

"No existiendo escrito de acusación válidamente presentado, la única alternativa en derecho es la anulación del auto de apertura de juicio oral y el archivo de las presentes actuaciones", concluye el escrito presentado por el abogado de Garzón ante el Tribunal Supremo.