La reforma y la vivienda por Juan Ignacio Cáceres Ruiz

El Gobierno anunció el jueves la reforma del sistema financiero. Con ello, pretende adecentar el desbarajuste que supuso la crisis inmobiliaria para el sector bancario, cuya estimación se cifra en 323.000 millones en forma de activos ligados al ladrillo. De éstos, 175.000 millones se consideran problemáticos y su riesgo está parcialmente cubierto con provisiones. El resto no es problemático y no tiene cobertura. La reforma persigue un cambio sustancial y rápido, obligando a los bancos a poner encima de la mesa 50.000 millones de euros para cubrir los riesgos incurridos y tratar de protegerse de los futuros.

Este dinero han de ponerlo los bancos, solos o fusionándose con otras entidades, si bien el Gobierno ha articulado una novedosa vía de financiación a través del FROB, que podrá prestar hasta 6.000 millones a los bancos, al 8%, a cambio de que las entidades le cedan como garantía unos activos financieros –denominados CoCos– que, en caso de no devolver el préstamo, se transformarán en acciones de la entidad, quedando éstas en poder del Gobierno.

Los objetivos pretendidos con esta reestructuración son claros: aumentar la confianza y credibilidad del sistema financiero, facilitar el acceso de las entidades a los mercados de capitales, despejar las dudas sobre el valor de los activos inmobiliarios en poder de las entidades e incentivar su salida al mercado a precios razonables. Todo ello, sin incidencia en las cuentas públicas.

Pocos expertos dudarán de la necesidad de la reforma. En mi opinión, es una valiente y necesaria iniciativa del Gobierno, que incluso podría ir más allá reformando los consejos de las cajas para limitar la influencia de los partidos y sindicatos. Pero más vale ir despacio y con sacar adelante esta reforma, dado el poco tiempo que llevan gobernando, puede ser suficiente, por ahora. Sus consecuencias van a ser profundas y evidentes. En primer lugar, es muy positivo haber establecido un calendario para las reformas. Pero se necesitará confianza y determinación pues, probablemente, los efectos positivos de mayor credibilidad y transparencia en las entidades –reforzados con medidas como la limitación de los sueldos de los directivos de las entidades a las que se ayude– no se notarán sino a largo plazo, mientras que los negativos serán visibles de forma inmediata.

Por otra parte, no hay muchas entidades que puedan afrontar con sus propios medios los requerimientos de provisiones y capital, con lo que probablemente se generará un proceso de fusiones acelerado, lo que sin duda beneficiará al sistema financiero porque tendremos menos entidades pero con mayor peso específico y con un «core capital» mayor y más sólido.

No obstante, tengo ciertas reservas sobre la esperada reducción de precios de la vivienda. Puede que se concentre en la costa o ciudades menores, pero no en las grandes. En primer lugar, porque existe un suelo para la caída de precios y éstos se han reducido ya notablemente. Y en segundo lugar, porque como les han obligado a provisionar los riesgos, ya tienen su balance saneado y nada les fuerza a venderlas con pérdidas. Es más, muy probablemente las únicas que se vendan serán las de los bancos porque, ¿para qué financiar otras viviendas, si a quien viene en busca de financiación le puedo vender antes las mías y con financiación asegurada?

Juan Ignacio Cáceres Ruiz
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo