OPINIÓN: Equilibrio presupuestario

La iniciativa de Zapatero constituye un nuevo capítulo del manual de instrucciones de política económica redactado desde Berlín y París, como contraprestación al rescate financiero de España –heterodoxo e inflacionario, instrumentado a través del BCE, a diferencia del rescate ortodoxo y no inflacionario de Grecia, Irlanda y Portugal, instrumentado a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera–. La reforma constitucional impulsada por Zapatero es la prueba irrefutable de que España es hoy un país que ha perdido su soberanía económica y de que nuestra política económica está sometida a las condiciones impuestas por los acreedores, igual que le ocurre a las demás economías europeos intervenidas.

Anclar el equilibrio presupuestario en la Constitución es una buena idea. De hecho, es una vieja idea que triunfó en la teoría económica hace más de tres décadas –y que le valió el Nobel de economía a uno de los padres de la escuela del «public choice», James Buchanan–. El boom económico mundial de los noventa y hasta 2007 hizo a muchos pensar que los problemas de insostenibilidad de la deuda pública estaban resueltos y el debate sobre la conveniencia de incorporar a las constituciones reglas de sostenibilidad financiera y de «déficit cero» quedó aparcado. La crisis revivió este debate en Europa. En España, FAES ha venido trabajando en una propuesta de estas características durante los dos últimos años.

En el plano ideológico, la reforma constitucional es una victoria del principio de la responsabilidad. En el plano político, es una victoria por goleada del PP –el Gobierno de Aznar hizo causa ideológica del equilibrio presupuestario, logró el primer superávit presupuestario de la historia contemporánea española y aprobó la Ley general de Estabilidad Presupuestaria y la Ley del Fondo de reserva de la Seguridad social, y Rajoy lanzó hace un año la propuesta que ahora hace suya Zapatero– frente al PSOE de Rubalcaba y los sindicatos.

En el plano conceptual, ha triunfado la tesis de que los gastos públicos deben financiarse con impuestos presentes, con su consiguiente coste político, y no con el engaño financiero («ilusión fiscal», lo denominan los hacendistas) que, en cierto modo, representan los impuestos aplazados en forma de deuda pública. Es evidente para cualquiera que no sea un ignorante económico que el principio del equilibrio presupuestario no impide en modo alguno gastar cuanto se desee en políticas sociales. Lo que ocurre es que ahora esas políticas se tienen que financiar con impuestos en cada ejercicio. A la izquierda española nunca le ha gustado el principio del equilibrio presupuestario porque lo que realmente le gusta es gastar sin límite –y sin control– y dejar sin pagar esos gastos en forma de bolsa de deuda pública creciente, en forma de «agujero». Es su estrategia para poder acusar a un gobierno de centro-derecha que asuma responsabilidades de gobierno de «recortes sociales».

Como bien explicaba Juergen Donges en el Campus FAES 2010, en Alemania, el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante los gobiernos socialdemócratas del canciller Schroeder llevó a Merkel a proponer y completar una reforma constitucional que instituye de forma genuina el principio de estabilidad presupuestaria a través de límites a la emisión de deuda pública de carácter absoluto, claramente definidos y no sometidos a interpretación: un porcentaje determinado del PIB es una cantidad de euros cierta. Eso es lo que los mercados financieros desean, y lo que Alemania esperaba de España.

Mucho nos tememos que una reforma constitucional que deje al albur de una mayoría parlamentaria la definición del «déficit estructural» y, por tanto, la concreción real del principio de estabilidad presupuestaria y la consiguiente emisión de deuda pública no resulte suficiente para alcanzar la confianza que nos exigen nuestros acreedores y, sobre todo, no resulte efectivo para conseguir el objetivo previsto de cerrar la hemorragia de la deuda pública. Muchos se pueden preguntar qué diferencia real hay entre una definición –necesaria arbitraria- de déficit estructural en una Ley orgánica y el contenido actual de la Ley general de Estabilidad Presupuestaria, durante cuya vigencia el gobierno socialista ha violado sistemática y masivamente el principio de equilibrio presupuestario, incluso en los años de crecimiento económico (2004-2007).