Los sindicatos rechazan los servicios mínimos de la huelga «por abusivos»

Valladolid- Faltan apenas seis días para la huelga general y los sindicatos ya están ‘caldeando' el ambiente, llamando a la participación, a la huelga de consumo, e incluso buzoneando -en el caso de UGT de Soria- ediciones de su periódico «El sindicalista» por los hogares de la capital soriana.

Las centrales convocantes -todas excepto CESM y CSI-F- rechazaron ayer los servicios mínimos planteados por la Junta de Castilla y León para ese día, que afectan tanto a los empleados públicos como a a las empresas privadas vinculadas a la Administración autonómica.

La propuesta de la Junta fija los servicios mínimos en un 19,7 por ciento de media. Porcentaje que se eleva al 30 por ciento en la Sanidad y al 50 por ciento en el caso del transporte. Cuestión ésta última que los sindicatos no entienden, cuando el Ministerio de Fomento ha fijado unos servicio mínimos en este sector del 30 por ciento. El transporte escolar se mantendrá en su integridad, dado que, según argumenta la Junta, la dispersión de la población castellana y leonesa hace necesarios numerosos desplazamientos interurbanos de alumnos de enseñanza obligatoria. Y se exige que se garantice la apertura y el mantenimiento de los centros y servicios esenciales de la enseñanza universitaria y los centros docentes privados no universitarios. Así, en las universidades públicas de Castilla y León los servicios mínimos se han fijado en el 3,24 por ciento.En las empresas privadas que prestan servicios a la Junta, el grueso de los servicios mínimos estará compuesto por una o dos personas. Se propone que trabaje el 93,55 por ciento de los ocupados en áreas vitales para la salud y la vida de los ciudadanos como el teléfono de emergencias 112 o el operativo de la Campaña de Vialidad Invernal. Además, se garantiza el acceso permanente a los medicamentos, en las oficinas de farmacia se han marcado los servicios mínimos teniendo en cuenta las guardias que son necesarias para cubrir las distintas zonas.

Los sindicatos consideran que estos servicios mínimos son «abusivos» y denuncian que el Gobierno regional está invadiendo competencias al regular estos servicios en empresas privadas que realizan una función dentro de la Administración. Asimismo, se quejan de que, por tercera vez consecutiva, vuelven a aprobar estos servicios sin consenso con las centrales sindicales.