ETA se desespera

La mejor prueba de que la lucha contra el terrorismo etarra va por buen camino es que la banda se aferra desesperadamente a sus amenazas y arremete contra el Gobierno, al que acusa de «irresponsable». En el comunicado divulgado ayer, pocos días después de que el Tribunal Supremo rechazara la legalización de Sortu, los pistoleros no ocultan su irritación por no haber logrado ni uno solo de sus objetivos en todos estos meses de «tregua indefinida y verificable», entre ellos retomar la negociación y que una comisión internacional organizara poco menos que una «conferencia de paz». A juicio de los expertos antiterroristas, el nuevo pronunciamiento etarra encierra un mensaje inequívoco: la tregua que «graciosamente» decretaron en septiembre pasado y ampliaron en enero tiene fecha de caducidad. Es decir, los dueños de las pistolas habrían decidido cancelar el periodo de recreo dado a su brazo político. Sea como fuere, tampoco merece la pena entretenerse demasiado en analizar qué les pasa por la cabeza a una caterva de asesinos y si sus excrecencias literarias quieren expresar una cosa u otra. Como suele decirse en estos casos, el único comunicado inteligible de ETA será aquel en el que anuncie su rendición incondicional y se someta a la Justicia para pagar por los delitos cometidos.
Para alcanzar este final, el único aceptable por un Estado de Derecho, no hay método más eficaz que la actuación policial, la intervención de la Justicia y la unidad de los partidos. Si la banda terrorista ha llegado a la fase terminal en la que se encuentra no es porque se haya cedido a alguna de sus pretensiones ni por haber negociado con ella ni por bailarle el agua a su brazo político. Todo lo contrario: porque se ha mantenido un pacto entre PP y PSOE que, salvo en el desgraciado paréntesis del proceso negociador, ha funcionado a la perfección; porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nunca han estado en «tregua»; porque se ha cerrado el paso a las instituciones del entramado político y económico de los pistoleros; y porque la gran mayoría de los jueces no se han manchado las togas «con el polvo del camino». Gracias a la política de firmeza y dignidad, de la que las víctimas han sido atentos vigilantes, se ha acorralado a los asesinos y a sus portavoces políticos sin que se produjera cataclismo alguno, como amenazaban los agoreros. En el último medio año, las fuerzas policiales han desarticulado varios comandos, han detenido a numerosos pistoleros y han intervenido diversos arsenales. El Gobierno francés, por su parte, también se ha empleado a fondo, con más motivo después de que los etarras asesinaran a un gendarme, y han practicado detenciones relevantes. Lejos de aminorar la presión, como pretendía ETA con su tregua trampa, también se ha acentuado en el ámbito legislativo y se ha fortalecido el consenso antiterrorista, pese a determinados boicoteadores, como el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y a los nacionalistas, que desean para ETA un final sin vencedores ni vencidos, algo así como unas tablas entre los demócratas y los terroristas. De ahí que el Estado deba reforzar la vigilancia ante el nuevo intento de los etarras de colarse en las elecciones de mayo.