Luisa Fernanda Rudí: «Tenemos que racionalizar el Estado autonómico»

–¿Está de acuerdo con quienes dicen que el Estado autonómico se ha convertido en otra rémora para la recuperación económica?
–El origen del abultado déficit de 2009 está más en las liberalidades de Zapatero que en las de algunos gobiernos autonómicos. En términos generales se ha demostrado que el principio de subsidiariedad es bueno, y que también es bueno que el servicio lo preste quien está más cerca del ciudadano. Pero también es verdad que después de 30 años de funcionamiento del Estado autonómico, hay que pararse a revisar qué ha ido bien y qué está yendo mal.

–A su juicio, ¿qué es lo que funciona mal?
–Hay una superposición de administraciones públicas con competencias en los mismos servicios. Hay administraciones con cifras de gasto muy elevadas: acabamos de conocer que en Andalucía tienen 38.000 teléfonos móviles a cargo de los Presupuestos. Y se han multiplicado las empresas públicas, los patronatos, las fundaciones..., que al final no son sino instrumentos de opacidad, como está ocurriendo en Aragón. Tras las elecciones de 2011 y, sobre todo, de las generales de 2012, será necesario que todos nos sentemos a planificar una racionalización del funcionamiento del Estado.

–Difícil tarea, ¿no? En la medida en que depende de un gran acuerdo PSOE-PP.
–En Alemania lo han hecho, y nuestro modelo constitucional se inspiró en la Carta Fundacional de Bonn. Es evidente que España necesita una auditoría del funcionamiento autonómico y para eso hace falta un gran acuerdo nacional de los principales partidos, y también la participación de los gobiernos autonómicos.

–¿La descentralización se nos ha ido de las manos?
–La descentralización puede ser muy buena si es eficaz, y puede ser menos buena si no es eficaz. El problema es de eficacia, y para arreglarlo no creo que haga falta un cambio constitucional, sino aplicar mejores criterios de racionalidad.

–Sin recuperar competencias.
–Yo no lo veo necesario.

–Pero el modelo actual no garantiza, por ejemplo, la igualdad territorial en la enseñanza.
–La Ley de Educación del PSOE ha rebajado el porcentaje de contenidos comunes que fija el Estado. La alta inspección del Estado no se ejerce y la política es la que determina todas las decisiones que se adoptan. Para arreglar estos problemas no hace falta una reforma del estado autonómico, sino aplicar criterios de eficacia y más sentido común. Es importante que un niño aragonés conozca el río Gallo, pero también debe conocer los principales ríos de Europa o hasta me atrevería a decir que de China. También en este caso hace falta un acuerdo entre Gobierno central y comunidades autónomas.

–Pero se sellan nuevos acuerdos y van en la dirección contraria. Y los casos de discriminación del castellano ya se ven en otras comunidades, no sólo en Cataluña.
–Ésta es la eterna batalla, pero la Constitución es muy clara: el castellano es la lengua de obligado conocimiento en todo el territorio nacional. Más allá de las actuaciones políticas, yo creo que en esto acabará imponiéndose el pragmatismo y el sentido común. El castellano lo hablamos más de 400 millones de personas. Los jóvenes a los que se les limita su conocimiento tienen menos posibilidades de encontrar trabajo fuera de España y esa situación es un hándicap también dentro del territorio nacional.

–¿Este Estado de Bienestar, tal y como está planteado, es sostenible o tenemos que hacernos a la idea de que no hay más solución que el recorte de prestaciones?
–Será sostenible si conseguimos hacer que funcione bien. Suecia, los países nórdicos, fueron los inventores del Estado del Bienestar. Y en los años 90, por los efectos de una importante crisis, tuvieron que revisar su sistema de prestaciones. La conclusión no fue que el Estado dejase de garantizarlas, sino racionalizar sus criterios de concesión. A lo mejor hay cosas que no pueden ser para el cien por el cien de la población. Y le pongo un ejemplo. En Aragón hay gratuidad de libros para todos los niños, y a lo mejor habría que plantearse que las familias con una renta superior a una determinada cantidad no disfruten de ese gratis total. Eso no significa que el Estado de Bienestar se haya acabado, sino una mayor justicia distributiva.

–¿La «racionalización» pasa por la privatización en la prestación de servicios públicos?
–La administración pública tiene que garantizar los servicios y controlar su calidad. Pero no todos tienen que ser prestados por ella. En Zaragoza, el servicio de transporte público no ha dependido nunca de una empresa pública, sino que es una concesión. Y hasta ahora, que Belloch ha dejado de pagar, ha funcionado de diez. En la Sanidad, por ejemplo, la administración pública tiene que garantizar una buena asistencia y en plazo. ¿Pero tiene que quedar todo en manos de un hospital público? Pues quizás es mejor que no, quizás es mejor que aprovechemos todo el potencial de instalaciones sanitarias que hay en una comunidad autónoma. En esto están muy avanzados en Cataluña.

–¿Implantar el copago es inevitable?
–Yo no me atrevo a considerar nada como inevitable. Ésta es una cuestión sobre la que debemos sentarnos a hablar. En Suecia hace ya 20 años que funcionan con el sistema de las monodosis, es decir, que el médico te receta sólo las pastillas que necesitas. No tiene ningún sentido que todos tengamos en casa un cajón de medicinas que terminas tirando o llevando a la farmacia, mientras el gasto sanitario se dispara de forma exponencial. Le pongo otro ejemplo: ¿hay una central de compras de material sanitario, por ejemplo de prótesis, o cada hospital compra a quien quiere? Es de sentido común que la haya, y en Aragón el PP la pondrá en marcha en cuanto gobierne. Cualquier empresa con 17 sedes productoras no tiene 17 centrales de compra. En fin, convendría sentarse en el consejo sanitario y hablar de todas estas cosas. Hay muchas soluciones para buscar el mejor precio sin entrar en el debate de la devolución de competencias al Estado.

–¿Usted cree que España puede permitirse el lujo de no incrementar la edad de jubilación?
–Al Gobierno le ha pasado con las pensiones lo mismo que con la reforma laboral, que ha dejado pudrirse el tema. El PP lleva reclamando reformas desde el principio de la Legislatura, y Zapatero sólo daba largas hasta que en Bruselas le pararon los pies. Es verdad que tenemos un problema porque la expectativa de vida es cada vez mayor. Pero también las prejubilaciones han hecho que la edad media de jubilación esté por debajo de los 65 años. Aplicar linealmente la jubilación a los 67 años es imposible, porque no es igual un albañil que un profesor, que un catedrático o que un ordenanza. Y el Gobierno no ha graduado su propuesta ni ha tenido en cuenta el principio de flexibilidad que nosotros aplicamos cuando estábamos en el Gobierno. Nosotros ampliamos la edad de jubilación, pero de forma voluntaria.

–¿Qué le parece a usted, como aragonesa y vecina de Cataluña, que Mas haya reafirmado en su investidura que su objetivo es un pacto fiscal a imagen y semejanza del concierto económico vasco?
–Vamos a ver en qué queda eso. Estamos muy acostumbrados a que se diga una cosa y luego se haga otra, los nacionalistas son maestros en mantener siempre vivo el discurso de la presión reivindicativa.

–Imagine que esta vez sí van adelante con sus propuestas.
–El Concierto Económico no es una fórmula que pueda exportarse a ninguna comunidad autónoma. No es ni siquiera un acuerdo con la comunidad vasca, sino con las tres diputaciones provinciales con régimen foral, las tres vascas y la navarra. El PP nunca apoyará un sistema de financiación que no sea el mismo para toda España y que no respete el principio de solidaridad.

–¿Esta CiU, que ya ha enseñado la patita de la «transición nacional» en el debate de investidura, es un socio aceptable para Rajoy después de las próximas elecciones generales?
–España necesita que de esas elecciones generales salga un Gobierno fuerte, del PP. Y que haya una oposición razonable y 17 comunidades autónomas conscientes del proyecto común que compartimos. Para resolver problemas en educación, sanidad y muchas otras cosas no vale solo con el acuerdo entre los dos principales partidos, sino que hace falta la concertación con las comunidades. España necesita políticos responsables que sean capaces de sentarse a hablar y de llegar a acuerdos.

–¿Y sobre el acuerdo nacional con CiU?
–Ya le he dicho que el PP trabaja para conseguir la mayoría necesaria para formar un Gobierno fuerte.

–¿Ese Gobierno fuerte revisará leyes socialistas como la del matrimonio homosexual o la nueva regulación del aborto?
–La ley de plazos ha sido una iniciativa innecesaria y sobre la que no había ninguna demanda social. La hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y esperamos su pronunciamiento, pero Rajoy ya ha dicho que si gobierna, volverá a la ley del 85, la de los tres supuestos, mejorando los medios para que estos se cumplan y para que no sean un coladero de abortos ilegales. Y en cuanto a la ley del matrimonio homosexual, nosotros consideramos que se equivoca en la denominación de esas uniones. En el diario de sesiones del Congreso hay intervenciones mías del 92, 93 y 94 defendiendo la igualdad de derechos y la regulación de las uniones de personas del mismo sexo. Nosotros creemos en esa igualdad de derechos y la consolidaremos si estamos en el Gobierno. Esta ley la recurrimos ante el Tribunal Constitucional solo por la denominación, no porque estemos en contra de la regulación de las uniones de personas del mismo sexo.

 –Si ése es el único problema, ¿cree que al PP le merecería la pena asumir el coste social de revisarla si gana las elecciones generales?
–Habrá que tomar una decisión cuando llegue el momento y en función de las circunstancias. Así como la ley del aborto afecta a un principio fundamental como es el derecho a la vida, en la del matrimonio homosexual el problema es semántico y de pura denominación. También es cierto que no creo que provoque un gran debate social cambiar esa denominación, aunque sin duda que la izquierda intentará agitarlo.


«Habrá un vuelco electoral como el del 95»
–¿Con qué perspectivas afronta las próximas elecciones autonómicas y municipales?
–Va a haber un vuelco como el que se produjo en el año 95, cuando la rosa dejó de ser el color mayoritario del mapa territorial y fue sustituida por la gaviota del PP.

–¿Está entre los que creen que para ganar en Asturias necesitarían a Álvarez Cascos?
–En esa comunidad autónoma estamos a la espera de ver qué decisiones toma la dirección nacional. Es un político de trayectoria contrastada. Pero las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar.

–Aunque esté todo en orden en su partido, ¿cree que Rajoy debería someterse a un congreso nacional antes de las generales?
–No lo veo necesario.