El Constitucional suspende la Ley de Consultas catalana

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero impugnó el pasado diciembre la norma con gran sigilo –Rubalcaba tan siquiera la citó entre los acuerdos que aquel día adoptó el Consejo de Ministros– y ayer también evitó hacer comentarios porque no tiene la intención de tensar la cuerda con CiU.

En cambio, la reacción en Cataluña no se hizo esperar. CiU, ERC e ICV consideraron que la suspensión de la Ley de Consultas es un ataque a la democracia. Conviene recordar en este punto que CiU no respaldó esta ley, que salió adelante con los votos del tripartito (PSC, ERC e ICV) en marzo de 2010. CiU la rechazó porque no estaba de acuerdo con que la Generalitat tuviera que pedir permiso al Gobierno para convocar consultas y votó en contra del PP al entender que era inconstitucional.

Tras conocer la decisión del TC, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, insistió en los argumentos de CiU. Su deseo es ir más allá de lo aprobado por el tripartito con el objetivo de conseguir que no sea necesario el permiso del Gobierno para que Cataluña convoque consultas. Se mostró incluso partidaria de modificar la ley que el Alto Tribunal ha suspendido, a pesar de la actitud «restrictiva y de corto alcance» que atribuye al Gobierno.

La Ley de Consultas catalana por vía de referéndum, desarrollada al abrigo del Estatut, facultaba en un principio a la Generalitat para preguntar a la ciudadanía por «cuestiones de interés especial para Cataluña». La sentencia del TC sobre el Estatut subrayó que la norma era perfectamente legal siempre y cuando quedara claro que que la Generalitat no podía usar como instrumento «el referéndum».

Tras la aprobación del Estatut, hay varias leyes en la mesa del TC. El PP ha recurrido la Ley de Educación, la Ley del Cine y el Código de Consumo. El Constitucional, además, ha admitido a trámite los recursos del Defensor del Pueblo contra la Ley de Acogida de Iinmigrantes y contra la Ley del Síndic de Greuges.