El PP acusa a la Junta de «despreciar» a los funcionarios con la externalización

El PP-A reaccionaba así tras una noticia publicada ayer por este periódico en la que se informaba de que la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi) ha licitado un concurso público para contratar un servicio externo de tareas técnico-administrativas para proyectos de Tecnologías de la Información.

La portavoz de los populares andaluces señaló que con esta actitud, la Junta está «desoyendo» al TSJA. El Alto Tribunal andaluz ya paralizó una encomienda de gestión por valor de 100.000 euros de la Consejería de Presidencia a Sadesi porque la Junta cuenta con «numerosos funcionarios».

Según Soto, se trata de «un capítulo más» de los «continuos desprecios» del Gobierno andaluz hacia los funcionarios, que han reaccionado con su rechazo al decreto-ley de reordenación del sector público empresarial.

Por su parte, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia –de la que depende Sadesi– aseguró en un comunicado que las leyes 9/2007 de la Administración de la Junta y 5/2009 del Presupuesto les amparan en la realización de encomiendas de gestión a entidades instrumentales de la propia Administración y que el TSJA no las ha prohibido –algo que nunca se cuestionó en este medio, ya que sólo puede paralizar encargos concretos–.

Sobre la manera de proceder de la Administración –legal, pero que supone derivar trabajo a empresas privadas–, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), José Manuel Mateo, señaló en declaraciones a LA RAZÓN que a la Junta «le ha venido muy bien» propagar la imagen de que los funcionarios son «una panda de vagos, gente poco trabajadora y que por eso le tiene que encomendar el trabajo a una empresa externa».

El Safja lamentó que con estas decisiones «se les quita el trabajo a los funcionarios y se le paga a dos personas por la misma labor».

También criticó la actitud de la Administración, que no tiene ganas de «aceptar» las recomendaciones del TSJA. «El caso de Sadesi es un ejemplo. Los recursos contra los puestos de libre designación tampoco los acatan», afirmó.

En este sentido, ayer trascendió que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto-ley de reordenación del sector público. El PP recurrió la Disposición Adicional Cuarta –modificada tras el acuerdo con CC OO y UGT en la Mesa General de la Función Pública– y que afecta al personal. También lo hizo con otros aspectos sustanciales: los artículos 1.9 y 1.12 del Capítulo I y los artículos 3,4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,18,19,22,23 y 24 del Capítulo II.