Multas de 6000 euros para los radicales de Sol

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Amparo Valcarce, anunció ayer mano dura con las personas que mostraron «comportamientos incívicos» y afirmó que ya ha ordenado la apertura de expedientes contra ellas. Las multas pueden llegar hasta los 6.000 euros, según la Ley de Seguridad Ciudadana. «Nunca he consentido, y ahora tampoco voy a consentir, que una minoría radical rompa una manifestación y mucho menos que lo haga provocando heridos», dijo la delegada. Y es que, pese a que la manifestación tenía autorizado un itinerario desde Atocha hasta la Puerta del Sol, una «muy pequeña parte, minoritaria y radical» –según Valcarce– intentó prolongar el recorrido hasta el Congreso de los Diputados donde, según la legislación vigente, está prohibido manifestarse.

En el momento que la Unidad de Intervención Policial (UIP) trató de impedirles el paso (poco antes de las diez de la noche), fue cuando estalló la batalla campal en las inmediaciones de la plaza de Canalejas. Papeleras ardiendo, contenedores volcados, piedras contra escaparates, cabinas telefónicas y patrullas de Policía Municipal... Los más violentos fueron arrasando con todo lo que iban encontrando a su paso. Si bien muchas de estas acciones pudieron ser más o menos improvisadas sobre la marcha, lo cierto es que algunos participantes ya iban preparados para la acción porque también se lanzaron petardos con metralla «casera», fabricada con clavos. Las puntas alcanzaron a tres agentes y otros cinco resultaron contusionados de diversa consideración, todos leves. Además de las tres detenciones, la Policía identificó a varios individuos por actos de vandalismo, desacato a la autoridad y violencia callejera. «Esta minoría no va a romper en ningún momento la cultura cívica de la ciudad de Madrid», indicó la delegada, advirtiendo que se «intensificará» el trabajo policial.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) manifestó ayer la «más rotunda condena» a los altercados del jueves, en el que un grupo de «300 violentos» utilizaron métodos propios «del terrorismo callejero». El sindicato policial, que representa a 25.000 policías nacionales, considera que los manifestantes que provocaron los disturbios estaban «perfectamente coordinados». El CEP critica que los agentes «tuvieron que soportar insultos, agresiones, ataques con bengalas, piedras, botellas, petardos con metralla e incluso artefactos incendiarios». A juicio del sindicato, «la violencia, agresividad y clara coordinación de los violentos fue tal, que la Policía se vio obligada a cargar», con lo que el grupo se disolvió en otros más pequeños que recorrieron varias calles «con el objetivo de arrasar comercios y mobiliario urbano, cruzando contenedores y formando barricadas».