La marcha atrás del Gobierno en Loterías cuesta 14 millones

MADRID- El Gobierno ha gastado en la frustada salida a Bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la que aspiraba a ser la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia, cuatro millones de euros del total de diez millones que había presupuestado para toda la campaña publicitaria, según aseguraron ayer fuentes de la LAE a este periódico. Sin embargo, la agencia de publicidad Schackleton, encargada de la campaña publicitaria, explicó que estaba previsto gastar una cantidad más elevada, 14 millones de euros, en tres fases: la primera, que se inició el 19 de septiembre y una segunda una vez que Loterías saliera a Bolsa. Una cantidad denunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio González acusó ayer al Gobierno de invertir en algo que finalmente «no va a vender», informa Ep.

La campaña publicitaria arrancó el pasado 19 de septiembre con todo un despliegue mediático: inserciones publicitarias en Prensa, radio, televisión, marquesinas y autobuses, con eventos, exterior, marketing directo, internet, display, social media y acciones especiales. La campaña constaba también de planes específicos de comunicación para los distintos públicos: general, inversores, asesores, analistas, empleados, administradores de loterías y sucursales bancarias, entre otros. En todos los casos, la idea de convertir en realidad los sueños de la gente era el eje de la campaña.

En un intento de minimizar este desembolso, en un momento de grave crisis económica como la actual, fuentes de la LAE aseguraron que han sido «bien invertidos como campaña institucional», es de decir, de imagen de Loterías, a lo que añadieron que «han tenido la suerte» de no haber invertido en la segunda fase de la campaña, –en la que se animaba a comprar acciones de Loterías–.

Pero ayer, un día después de que el Ministerio de Economía comunicara la suspensión de la salida al parqué de este organismo público, la web que pretendía patrocinar la operación (www.online.com), seguía haciendo publicidad de la misma.

Ayer, políticos y empresarios se felicitaron por que el Gobierno no haya «malbaratado» Loterías y Apuestas del Estado. El diputado de IU en el Congreso, señaló que el Gobierno «tiene tal desgaste que no le salen ni siquiera las apuestas de Loterías». Llamazares quiso que LAE siga en el sector público para darle «pan todos los años», no pan ahora con la salida a Bolsa y hambre mañana.
 
Loterías, según el diputado de IU, «da año a año dinero sin casi coste de gestión». Por su parte, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, exigió ayer que el Gobierno también paralice la privatización de los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona), tal y como ha hecho con la salida a Bolsa de Loterías y Apuestas del Estado.

El secretario general de CEOE, José María Lacasa, afirmó que la decisión del Gobierno de aplazar la salida al parqué de LAE «parece prudente».

Denuncia de los loteros
Por otro lado el Gobierno recibió ayer fuertes críticas por parte de la Mesa de Asociaciones de Empresarios del Juego Público, en la que se agrupan las asociaciones Anapal, APLA y Fenapal, que denunció que Loterías y Apuestas del Estado (LAE) está «coaccionando» a los loteros para forzar la privatización de la mayor parte de la red de ventas antes del 31 de diciembre de 2011. Esta fecha es el plazo fijado por ley para que los dueños de administraciones de loterías decidan si pasan del régimen administrativo al régimen mercantil o se mantienen.

Así, en una carta enviada por LAE a los loteros, a la que tuvo acceso Ep, se afirma que «la mayor parte de la red de ventas» han dado ya el paso del régimen administrativo al mercantil, que es voluntario para los loteros que tenían una concesión administrativa, y se advierte de que a partir de 2012, aquellos loteros que no hayan accedido a firmar un contrato mercantil no dispondrán de «los beneficios o derechos aplicables, exclusivamente, en el régimen mercantil» ni podrán transmitir el negocio.

Fuentes de la Mesa de Asociaciones de Empresarios del Juego Público negaron que la mayor parte de la red de ventas haya aceptado cambiar la concesión administrativa por un contrato mercantil y han asegurado que, de hecho, de acuerdo a los datos que maneja la asociación, el 75% de la red no ha firmado.