Garzón «Hice lo que tenía que hacer»

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido ante el Tribunal Supremo su "obligación"de investigar las denuncias sobre los crímenes del franquismo que recibió en su juzgado y que obedecían a "un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas". Ha comparado esta causa con la instrucción tramitada por el magistrado Ismael Moreno sobre "criminales de guerra nazis", en la cual la Fiscalía no se ha opuesto a abrir una investigación.

Ante los siete magistrados que forman el tribunal, Garzón se ha despojado de la toga y ha abandonado estrados para sentarse en el banquillo de los acusados y declarar por el presunto delito de prevaricación por el que está imputado. La acusación, ejercida por Manos Limpias, pide para él la pena máxima prevista en el Código Penal para este delito, que alcanza los 20 años de inhabilitación.

Después de que la Sala rechazara las cuestiones previas formuladas por el abogado defensor González Martínez-Fresneda y el fiscal del Supremo Luis Navajas y ordenara proseguir la vista oral, el juez imputado se ha negado a responder a las preguntas de la acción popular por considerar que "no está legitimada"para ejercer la acusación.

En la anterior sesión, su abogado defensor ya apeló a la 'doctrina Botín', por la que la apertura de juicio oral no procede si actúa la acusación popular en solitario, para reclamar la nulidad del proceso abierto por investigar los crímenes y las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

A preguntas de la defensa, Garzón ha expuesto que el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional "estaba o sigue tramitando"unos hechos ocurridos entre 1942 y 1944 en campos de concentración presuntamente cometidos por "criminales de guerra nazis"a petición del Ministerio Fiscal. "Incluso creo que una persona ha sido recientemente condenada por complicidad con el genocidio", ha agregado.

El juez de la Audiencia Nacional, suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010, ha puesto de relieve la disparidad de criterio mostrada por la Fiscalía en los dos juzgados de este órgano judicial.

En cualquier caso, ha subrayado que "desde el punto de vista del instructor era una obligación determinar la competencia o no"y que los hechos tienen un contenido "prácticamente idéntico", refiriéndose a un "plan sistemático de eliminación de miles de personas, de ocultamiento de cadáveres o de ejecuciones extrajudiciales".

«OBLIGACIÓN DE TODO JUEZ DE INVESTIGAR ESTOS HECHOS»

Según ha dicho, el delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes contra la humanidad estaba recogido en leyes anteriores, en jurisprudencia internacional e incluso en la doctrina del propio Tribunal Supremo. "Entendí, interpreté que era admisible la conceptuación como típicos y dentro de la obligación de todo juez de investigar estos hechos", ha resaltado.

Baltasar Garzón ha explicado que recibió en su juzgado la primera denuncia en diciembre de 2006, a la que siguieron "cientos, incluso miles"de denuncias particulares.

A partir de ese momento, se incoaron diligencias previas para investigar estas demandas que tenían como punto en común el relato de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y toda una serie de hechos de apariencia delictiva", y que se calificaban como "genocidio, detenciones ilegales o crímenes contra la humanidad".

"COMPONENTE HUMANO"EN LAS DENUNCIAS

"En todas ellas había un componente humano muy importante", ha indicado, para aludir al artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impone la admisión a trámite de las denuncias y añadir que, acto seguido, dio traslado de las mismas al Ministerio Público. "La mecánica es la que siempre se hace en los juzgados de Instrucción", ha señalado.
Durante los dos años en los que se prolongó la instrucción, también recibido caso referidos al secuestro de menores que siguen desaparecidos a día de hoy. El primero de ellos llegó, ha dicho, en noviembre de 2008.

Anteriormente, el abogado de Manos Limpias Joaquín Ruiz Infante ha dado lectura a las cuestiones sobre las que pretendía interrogar al juez suspendido de la Audiencia Nacional.
Entre ellas, ha preguntado sobre la querella archivada contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama apelando a la Ley de Amnistía, el traslado de las denuncias sobre los fusilamientos a la Fiscalía, el fallecimiento de los posibles responsables o el número de desaparecidos.

Además, ha interesado saber por qué razón Garzón se declaró competente antes de que la Sala de lo Penal pronunciara su fallo -tres magistrados de la Audiencia Nacional emitieron un voto particular--.

El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala enjuiciadora los magistrados de la Sala Segunda Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero.