Primera parada de la confrontación: recurso contra la reforma sanitaria

almería- Andalucía se suma a País Vasco y Cataluña, y va a interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado por el Gobierno central en abril al entender que lo «desmonta» al dificultar el acceso «efectivo» de los ciudadanos a los servicios sanitarios. Las tres comunidades, por diferentes motivos, se convierten en oposición al Ejecutivo central.
El anuncio lo hizo ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras inaugurar un consultorio en Los Gallardos (Almería). Según dijo, la norma aprobada el 20 de abril «vulnera» la Constitución al «no garantizar» el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo «hurta» a los inmigrantes y a los colectivos «más desfavorecidos».
 Griñán argumentó que el recurso, cuya interposición se aprobará hoy en el Consejo de Gobierno, se fundamenta en que el Real Decreto «invade» competencias autonómicas en alguno de sus articulados ya que el Estatuto andaluz recoge el derecho al acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población sin distinción y «residan donde residan».
Al hilo de esto, señaló que la decisión no debe ser interpretada «como un elemento de confrontación» con el Gobierno que preside Mariano Rajoy sino como un paso más de la Junta en la «defensa de un modelo» y en su intención de, «en la medida de nuestras posibilidades», garantizar un sistema de salud «eficiente, que aporte riqueza y bienestar social». «Estamos orgullosos de él y vamos a defenderlo a través de todas las actuaciones que se pongan a nuestro alcance», ya que, según apuntó, desde Andalucía «rechazamos las políticas que, como las adoptadas por Rajoy, entienden la salud como un bien mercantil».
Los datos no se corresponden con lo enunciado con Griñán. Como ya informó este periódico, durante los ocho años que gobernó José María Aznar, los procesos iniciados ante el Tribunal Constitucional –recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias– de la Junta contra el Gobierno central pasaron de 3 entre 1982 a 1986 a 21 entre 1996 y 2000; y hasta los 31 entre 2000 y 2004. La mayoría de ellos se retiraron con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa.
Además de la vía judicial, Griñán trasladó la necesidad de celebrar una conferencia de presidentes autonómicos «capaz» de establecer «dónde se ha de priorizar el gasto público y dónde se debe ahorrar» al tiempo que consideró que la comunidad «puede ser ejemplo en el tema sanitario» para otras regiones a la hora de aplicar políticas sanitarias «sin deteriorar y perjudicar el sistema de protección de salud».
Según advirtió durante el acto de inauguración, una política «indiscriminada» de control y de reducción del gasto público «no da resultados» y aseguró que, si bien la inversión en la construcción de centros de salud «puede no ser eficiente si atendemos a criterios contables y economicistas», sí lo son «enormemente por el saldo positivo que nos dan al suponer una atención equitativa y satisfactoria para el usuario».
«Invertir en atención primaria es hacer una política de ahorro de gasto y de mejora de la eficiencia en gasto sanitario», sentenció el jefe del Gobierno andaluz. Según sus datos, Andalucía es la comunidad que más destina a este nivel con un 18 por ciento frente al 13 por ciento de Madrid o Valencia. Sin embargo, tiene el menor nivel de ingresos hospitalarios con un 18 por ciento, «una tasa similar a la de Canadá, uno de los países con mejores resultados en eficiencia sanitaria», dijo.