Sevilla

Los empresarios: «Tenemos miedo»

La retirada de escoltas afecta a unas cincuenta personas del País Vasco y Navarra, que, según el criterio del Gobierno central y del vasco, ya no corren un gran peligro de sufrir un atentado.

La Razón
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Un conocido empresario de la provincia de Vizcaya se ha dirigido al Ministerio del Interior para pedir que no le retire la escolta personal, al entender que su situación y el lugar donde reside hacen que siga siendo objetivo potencial de ETA.

Fuentes próximas a este empresario explicaron que esta persona ha entregado una carta en dependencias de la Guardia Civil en Bilbao, donde le han indicado que el documento se transmitirá por fax al Ministerio del Interior.

La misiva está dirigida al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a quien este empresario le argumenta que todavía corre peligro, al tiempo que hace responsable a Interior de lo que le pueda suceder.

Este amenazado, que ha recibido varias cartas de extorsión de ETA en los últimos años, recibió esta misma semana una llamada de la Guardia Civil, en la que se le comunicada la decisión de quitarle la protección personal. La medida se hará efectiva el próximo lunes.

Esta retirada de escoltas afecta, en conjunto, a unas cincuenta personas del País Vasco y Navarra, que, según el criterio del Gobierno central y del vasco, ya no corren un gran peligro de sufrir un atentado de ETA.

En este sentido, el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, confirmó este jueves que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos. Añadió que se busca con ello "ser más operativos"y proteger a las personas que "objetivamente tienen riesgo".

Ares añadió que esta reorganización "no tiene nada que ver"con un posible anuncio de tregua por parte de ETA. también apuntó que si este eventual anuncio se produjera sería "absolutamente insuficiente", porque "el tiempo de las treguas ya ha pasado"y sólo vale que la banda etarra "desaparezca definitivamente".


División entre los sindicatos policiales

Los dos principales sindicatos policiales han discrepado hoy jueves ante la reducción de escoltas aprobada por el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) considera que el "90 por ciento de los protegidos no tiene peligro", mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) creen que "el peligro no ha desparecido".

"Es el tercer recorte en los últimos 18 meses, es un escándalo lo de las escoltas en este país; el 90 por ciento de los protegidos no tiene peligro, ya esta bien lo de usar la escolta como elemento de poder y distinción. Riesgo de terrorismo también lo tienen los ciudadanos que viajan en el metro y hay que defender a todos los ciudadanos", ha asegurado en declaraciones el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien se ha mostrado "completamente de acuerdo"con el recorte.

A su juicio, "los concejales del País Vasco sí que tienen que tener escolta"pero rechaza que haya "un montón de concejales en Madrid, Sevilla, Valencia, entre otros lugares, que suponen un coste inaceptable y menos en la actual situación económica". "Ojalá no sea un recorte de 20 o 30, sino de 300 y que les pongan a patrullar por la calle", añade.

Fornet llegó a personalizar en el elevado número de escoltas que acompañan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a sus predecesores José María Aznar, Felipe González y Adolfo Suárez a los cuales "acompañan entre 20 y 25 escoltas". Asimismo, se refirió a la viuda del también ex presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, sobre la que dijo que cuenta con "siete escoltas"para su protección y puso en duda el peligro real de que atenten contra ella.

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la CEP, Isidoro Zamorano, ha recordado que "siempre se quitan escoltas pero a la gente que lleva mucho tiempo sin ser objetivo de riesgo". "Lo que no entendemos es que se quiten escoltas a gente que sí puede tener peligro cuando hoy estamos en la misma situación que hace un mes, una semana o dos años", añade.

"Que sepamos hoy no hay nada distinto de ayer a menos que el Gobierno tenga constancia de otra cosa y si es así que nos lo diga", insistió Zamorano, para quien "el hecho de que el trabajo policial sea efectivo no significa que el peligro haya desparecido". "No podemos estas jugando con la ciudadanía", asevera.