Hungría se queda sin tiempo

BRUSELAS- Tras un año de avisos, un intenso intercambio de cartas y alguna rectificación, la Comisión Europea abrió ayer el proceso sancionador contra Hungría. La Comisión envió dos cartas de infracción al Gobierno conservador de Viktor Orban por su reforma judicial, de la agencia de protección de datos y del Banco Central, al considerar que el primer ministro está minando la independencia de estas instituciones. Bruselas envió una tercera carta a Budapest para pedir más información sobre la reorganización de la judicatura.

El Ejecutivo comunitario mantiene un conflicto de baja intensidad con Hungría desde que aprobara hace un año la ley de medios. Pero ya se ha cansado del tira y afloja, por lo que el procedimiento de infracción será acelerado, dando al Gobierno magiar sólo un mes para reaccionar, frente a los dos habituales, antes de mandar la última carta de aviso previa a la intervención de la Corte de Justicia Europea. La vicepresidenta del Colegio de Comisarios, que ayer aprobó la decisión, Viviane Reding, quería que la presión fuera mayor y abogó por dar sólo quince días a Budapest para responder. «Podemos esperar respuestas más rápidas de las autoridades húngaras, quienes conocen bien nuestros argumentos», justificó en la reunión a puerta cerrada, y según informaron personas conocedoras de la discusión a LA RAZÓN. Reding,
responsable de uno de los expedientes por ser titular de Justicia, igualmente apeló a la «importancia» del caso para que el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, acelerara más el procedimiento. Barroso se mostró confiado en que Orban enmendará el rumbo. Su Gobierno indicó ayer en un comunicado que analizará los argumentos de la Comisión «con el objetivo de encontrar una solución a los temas problemáticos tan pronto como sea posible, preferiblemente sin pasar por todo el procedimiento de infracción».

Hasta ahora, el Ejecutivo de Fidesz ha dado pocas muestras de reformar o suspender las leyes cuestionadas, tal y como pedía Bruselas. En concreto, la Comisión considera incompatible con el corpus legal comunitario la reducción prevista de la edad de jubilación de los jueces de los 70 años hasta los 62, que afectará a 274 magistrados y considerada una purga por la judicatura húngara, en especial cuando Hungría tiene previsto elevar la edad de jubilación hasta los 65 años. Segundo, el nombramiento de un presidente de la nueva Oficina Judicial Nacional, que concentrará todos los poderes relevantes en la gestión de la judicatura. Por último, que el presidente del país tenga ahora poderes para despedir «arbitrariamente» al comisario para la protección de datos.

Más consecuencias podría tener para Hungría el enfrentamiento con Bruselas por la independencia de su Banco Central, ya que si la Comisión considera que no se solucionan los problemas, no autorizará el paquete de ayuda de hasta 20.000 millones de euros que los húngaros tienen urgencia por negociar con la UE y el FMI debido a la precaria situación económica del país.

La problemática actividad legislativa del Gobierno húngaro reside en la nueva Constitución que ha tejido Orban, que ha despertado sonoras críticas. Por eso, los más críticos con el líder húngaro piden incluso utilizar el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que conllevaría la pérdida del voto de Hungría en la UE.

En la picota de la UE
Orban ha pasado de ser aquel líder juvenil que se alzó en una plaza atestada de compatriotas contra los comunistas a ser equiparado con Bielorrusia. Por el camino, el líder conservador ha abusado de la mayoría de dos tercios hasta despertar tanta animadversión que Hungría es desde hace tiempo el socio en la picota de la UE. Es el primer país que recibe un paquete de sanciones acelerado con esta carga política por parte de la Comisión. Además, ningún otro país ha estado sometido a un juicio mediático de tal intensidad desde la época de los gemelos Kaczsinsky en Polonia.
 

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