Andalucía ExtremaduraCataluña Castilla-La Mancha Aragón Valencia La Rioja y Murcia con «tarjeta amarilla»

MADRID- El ministro Cristóbal Montoro se negó el pasado jueves a publicar los nombres de las autonomías incumplidoras y eso que insistentemente se le preguntó por ello en la rueda de prensa que celebró tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ni siquiera quiso oficializar el número de Gobiernos regionales a los que les han requerido más explicaciones.

Pero, según ha confirmado este periódico en fuentes solventes, las ocho comunidades que tendrán que volver a presentarse a examen antes del verano son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Valencia. Las hay del PSOE y del PP, y en la lista aparecen algunas a las que hasta ahora no se había señalado nunca por sus posibles desajustes presupuestarios. El proceso que se inicia esta semana tiene ya detrás negociaciones entre el Gobierno y cada una de las comunidades afectadas. De hecho, el pasado miércoles representantes de la Intervención General del Estado se reunieron con todas ellas para advertirles de que si para el CPFF del día siguiente no arreglaban los problemas detectados ni aclaraban determinadas partidas, saldrían de la cumbre autonómica con la primera advertencia oficial que abre el camino para la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pueden concluir en la intervención.

La revisión de los planes de ajuste de consolidación fiscal presentados por las comunidades es mensual, pero a partir de ahora las ocho «suspendidas» tienen poco más de una semana para convencer al Gobierno de sus rectificaciones. De no ser así, en el calendario del Ejecutivo se manejan las fechas de 27 de julio y del 3 agosto como alternativas para elevar al Consejo de Ministros el informe con la petición del inicio del proceso sancionador recogido en la Ley de Estabilidad.

De las que están en la lista, algunas han «pecado» por falta de colaboración a la hora de responder a las peticiones de información de la Intervención General del Estado; y en otros casos, lo que no cuadran son los ajustes ya realizados y el objetivo de déficit al que tienen que llegar a final de año. Hacienda y Moncloa coinciden en sentenciar que «no tienen alternativa» a la de la reducción del gasto y a la de cumplir con sus planes de ajuste.

Por parte del Ejecutivo no ha habido ni gestos ni declaraciones sonoras y hasta ahora, de hecho, han esquivado el enfrentamiento público sin ir más allá del recordatorio de que las comunidades son responsables de pasar a limpio sus balances porque son ellas las que no pueden financiarse. Pero desde el CPFF ha empezado ya el tiempo de descuento. «Les hemos retrasado hasta diez años el plazo de devolución de la deuda que tienen pendiente con el Estado. Y les hemos ayudado con otras medidas como el plan de proveedores. Ya no pueden pedir más; la pelota está en su tejado», explican desde el Ejecutivo. Las autonomías alegan en su favor que cargan con las grandes partidas de gasto. Y el Gobierno sostiene que ya ha impulsado las reformas legislativas necesarias para ampliarles el margen para hacer sus ajustes; que todavía tienen gasto superfluo por recortar; y que el Estado carga con otras partidas que no dejan de crecer como pensiones, prestaciones por desempleo e intereses de la deuda. «Llevamos tiempo diciéndolo, esta vez vamos en serio: todas las Administraciones tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y Bruselas sigue dudando de las comunidades», explican en el equipo económico del Gobierno.