Palma de Mallorca

Sanidad quiere que las autonomías financien todos los anticonceptivos

Las autonomías no pueden pagar las facturas, adeudan ya más de 6.500 millones a proveedores y laboratorios, y cerrarán el año con un déficit sanitario cercano a los 15.000 millones. Sin embargo, el Gobierno pretende que, además, financien los anticonceptivos. Incluso, los de última generación.

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La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y Política Social vuelve a situarse en el centro de la polémica y amenaza con generar una nueva quiebra entre las autonomías en el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este lunes en Palma de Mallorca.

Después de echar para atrás varios borradores que él mismo confeccionó –el primero en enero de 2010–, el departamento que dirige Trinidad Jiménez ha decidido finalmente elevar el texto al máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica, haciendo incluso oídos sordos a las duras críticas que recibió el pasado miércoles de varias comunidades durante la reunión preparatoria del encuentro.

El último documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, no habla ya del cibersexo como medio para satisfacer «deseos sin riesgo de embarazo o infecciones». Tampoco llama de forma generalizada a los recién nacidos «criaturas» o «criaturas RN», como hacía reiteradas veces en versiones anteriores, con el ánimo de eliminar todo rastro de sexismo en el lenguaje.

La prestación farmacéutica

Pese a ello, encierra potentes «bombas de relojería» tras las que subyace una más que palpable carga ideológica. La página 45 de las 166 que componen la «estrategia» es reveladora al respecto. En ella se apunta como objetivo de la atención a la salud sexual «mejorar la accesibilidad a la anticoncepción en las mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas con financiación pública», lo que se considera por parte de numerosas autonomías como un intento del Ministerio de Sanidad de obligarles a pagar los productos preventivos de embarazos a las pacientes sin aportar para ello fondos adicionales, cuando no de propagar la denominada «cultura de la muerte».

Sea como fuere, lo cierto es que el empeño del Gobierno en que las comunidades costeen los contraceptivos con cargo a sus fondos es evidente. La recomendación tercera de la misma página estipula que «se mejorará la accesibilidad universal a las prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud».

Varias autonomías ven aquí una nueva treta gubernamental para costear con fondos públicos numerosos fármacos. Entre ellos, alguno cuyo consumo casi se ha triplicado en España desde la liberalización de su venta hace justo un año, como ha ocurrido con la polémica «píldora del día después». Hasta ahora, dichos productos no formaban parte de la cartera de servicios comunes de la Sanidad española y sólo algunos territorios sufragan íntegramente la pastilla a las consumidoras. Al respecto, el punto 5 añade que «se consensuará una cartera de servicios comunes para la atención a la salud sexual».

A lo que no ha renunciado tampoco el Ministerio es, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 29 de enero, a promover «una sexualidad placentera para el bienestar social», aunque, ahora, parece centrar su objetivo en los más jóvenes. La nueva versión de la estrategia especifica al respecto que «se consolidarán y/o crearán recursos preventivo-asistenciales públicos, especialmente diseñados para la población juvenil, con el fin de promover una sexualidad autónoma, diversa, igualitaria, placentera, saludable y respetuosa a lo largo de la vida, en donde los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres queden garantizados».

Dicha línea se sustenta, de acuerdo con el documento, «en el marco teórico en el cual se toma la salud sexual como un derecho humano desde un enfoque holístico e integral, y en el análisis de la situación de la salud sexual en España».

Como colofón a tal línea de pensamiento, el documento determina como objetivo general en la página 37 «promover una atención de calidad con servicios accesibles a la salud sexual, contribuyendo a mejorar la vivencia de la sexualidad de manera integral, autónoma, diversa, igualitaria, placentera, saludable y respetuosa a lo largo de la vida».

Como anécdota final, otra aportación del texto: en el apartado de salud en el embarazo, propone evitar prácticas como «la entrega de maletines con regalo de la industria o tetinas o chupetes».


Del «cibersexo» a las «criaturas»

La «estrategia de salud sexual y reproductiva» del Gobierno ha estado marcada por la polémica. La primera versión, destapada por LA RAZÓN el 29 de enero, abogaba por impulsar «una salud sexual placentera para el bienestar social» y por revisar el rol reproductivo de las mujeres. Asimismo, ensalzaba el «cibersexo» como medio para satisfacer «deseos sin riesgo de embarazo o infecciones». Las duras críticas llevaron a Sanidad a eliminar este último apartado. Cuatro meses más tarde, el 17 de mayo, LA RAZÓN revelaba que el Ministerio había decidido llamar «criaturas» a los bebés por razones sexistas. Sanidad rectificó de nuevo.